En Puebla se esperan cambios muy importantes a los servicios de transporte privado. Después de los lamentables sucesos en los que se vieron involucrados Uber y Cabify, provocando que el gobierno estatal en un inicio suspenda sus servicios, para después ofrecerles la posibilidad de regresa, pero con un nuevo reglamento.
La Comisión de Transporte del Congreso de Puebla aprobó la reforma de Ley en la que buscan mejorar la regulación en los servicios de transporte privado, con cambios que puedan garantizar la seguridad de los usuarios.
La iniciativa indica que los servicios ya no podrán aceptar efectivo, todo se realizará de manera electrónica y sus aplicaciones deberán de contar con un botón de pánico. Las empresas tendrán que actualizar la información de sus choferes cada mes ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte de Puebla.
En el caso que ocurra algún problema con uno de los agremiados, las empresas ya no podrán deslindarse de la responsabilidad. Uno de los puntos más delicados será permitir a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes para poder monitorear a los conductores, con la finalidad de garantizar la seguridad.
Cuando finaliza un viaje, se deberá quedar en el registro por lo menos por dos años, para tener accesos en el sistema, en el caso de los sistemas de mensajería y llamadas tendrá que ser anónimo y seguro. Los choferes tendrán que actualizar la constancia de No Antecedentes Penales cada seis meses, además de aprobar los exámenes toxicológicos, psicológicos, psicométricos y una investigación socioeconómica.
Uber cree que invaden los derechos a la privacidad
Uber fue la primera empresa en hacer un comentario respecto a la regulación, por medio de un comunicado mencionan que podrían suspender su operación en Puebla si se hacen las modificaciones a la Ley. Invitan a las autoridades a reconsiderar las limitantes de la iniciativa, ya que creen que rebasan cualquier mejora en seguridad para los ciudadanos.
La empresa menciona que al aprobarse la regulación su operación sería imposible, ya que invade los derechos a la privacidad de las personas, además de discriminar a la población menos favorecida que no cuenten con una tarjeta bancaria.
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