Hace pocas semanas les contamos sobre la expansión de Uber en suelo nacional, ya que confirmó su llegada a Durango, Saltillo y Torreón el 2 de agosto próximo. Sin embargo, la resistencia por parte de sindicatos y gobierno locales de Durango se ha hecho presente.
Es tal la presión que se ha ejercido por estos entes que la empresa de transporte privado ha hecho oficial la suspensión de su llegada a Durango, al menos de momento, mientras se llega a un acuerdo con las autoridades locales.
El Financiero reporta que Juan Francisco Soto Ledezma, Director de Transportes del dobierno de Durango, criminalizó el desempeño de la plataforma de transporte privado de Uber y amenazó con pena de cárcel a cualquier socio que prestara el servicio.
Estas amenazas tienen fundamento en el artículo 360 del código penal en donde se deja leer:
A quien posea, conduzca o preste el servicio público de transporte a pasajeros, carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del gobierno del estado se le aplicará una sanción de 2 a 7 años de prisión, así como una multa de 880 a 2 mil 230 días de salario mínimo
Soto Ledezma y Miguel Ángel Olvera Escalera, secretario general de gobierno, aseguran que nunca hubo acercamiento por parte de Uber para solicitar permiso para operar en la entidad, es por eso que se decidió tomar estas medidas. Al respecto Jorge Balderrama, directivo de políticas de Uber, menciona que se procederá al acercamiento pertinente con el gobierno del estado para negociar la llegada del servicio al estado.
Analizando la situación, podemos ver que cada parte tiene culpa, tanto Uber por no hacer el procedimiento como se debe como las autoridades estatales por asegurar que laborar como chofer privado incurre en un delito que será castigado con cárcel. Estaremos atentos ante la resolución de este conflicto.
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