En el año 2023 entró en vigor en España la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe usar a perros y gatos como atractivo publicitario en vía pública. La ley pretende evitar que las personas obtengan algún beneficio económico, comercial o publicitario a cambio del bienestar de estas mascotas.
Todo esto se encuentra plasmado en el artículo 25 de esta legislación. Eso sí, hay una excepción: las personas sin hogar, a quienes no se les cuestionará su derecho a andar por la calle en compañía de alguno de estos animales.
Qué dice la ley
De acuerdo con la ley 7/2023, el principal objetivo "no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad".
La ley permite que los animales participen en espectáculos o actividades artísticas, turísticas o de publicidad, siempre y cuando no les causen angustia, dolor o sufrimiento. Eso sí, la legislación prohíbe tajantemente dos casos: cuando los animales son usados en atracciones mecánicas o carruseles de ferias, y los ejemplares de fauna silvestre en los circos, sin importar si los animales no muestran sufrimiento.
Cuál es el castigo a quien incumpla la ley
La ley también especifica estrictas sanciones a quienes incumplan con estas obligaciones. Las infracciones más leves pueden hacerse acreedoras a multas de hasta 10,000 euros (207,000 pesos), mientras que las más graves pueden hacerse acreedoras de sanciones de hasta 200,000 euros (más de 4 millones de pesos). La multa no solo depende de la gravedad de la infracción, sino de la localidad donde la falta fue cometida.
En situaciones especialmente serias, la ley faculta a las autoridades para retirar al animal, cerrar el establecimiento o hasta impedir a la personas infractora que trabaje con animales por un tiempo.
Otro artículo interesante de la Ley de Bienestar Animal es el 29, que establece que los espacios públicos y los servicios de transporte, tanto públicos como privados, tienen la obligación de facilitar el acceso a las mascotas, siempre que estas no representen un peligro para las personas o para otros animales. Esta medida, no obstante, está sujera a las normas sanitarias y de seguridad correspondientes.
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