La iniciativa plantea que los municipios puedan exigir permisos y estudios estructurales antes de instalar paneles solares en techos.
La instalación de paneles solares en viviendas, comercios e industrias de Tamaulipas podría dejar de ser un trámite prácticamente libre para pasar a estar sujeto a nuevas revisiones municipales. Una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Lucero Deosdady Martínez López, propone reformar el Código Municipal del estado para que los ayuntamientos exijan un permiso respaldado por un dictamen técnico o una memoria de cálculo estructural antes de autorizar la colocación de sistemas fotovoltaicos sobre inmuebles.
La propuesta ha generado controversia al ser interpretada en algunos espacios como un supuesto "impuesto al sol". Sin embargo, tanto la legisladora como el Congreso de Tamaulipas han rechazado esa versión y sostienen que la reforma no contempla nuevos gravámenes para quienes utilizan energía solar, sino que busca prevenir accidentes derivados de instalaciones mal diseñadas o ejecutadas.
La propuesta quiere que los municipios revisen las instalaciones antes de autorizarlas
De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es establecer la obligación de que los ayuntamientos, a través de sus áreas de Desarrollo Urbano u Obras Públicas, soliciten un permiso formal acompañado por un dictamen técnico o una memoria de cálculo estructural antes de instalar paneles solares en techumbres. La intención es verificar que las construcciones soporten el peso adicional de los módulos y que los sistemas de anclaje resistan los fuertes vientos característicos de Tamaulipas.
El documento argumenta que la entidad enfrenta condiciones particulares por su exposición a fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, nortes severos y turbonadas. Incluso cita el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al señalar que diversas zonas del estado registran velocidades de diseño eólico de entre 140 y más de 180 kilómetros por hora durante eventos ciclónicos.
La iniciativa también sostiene que un sistema fotovoltaico representa una modificación estructural permanente y no una mejora menor, ya que incorpora cargas adicionales sobre la cubierta del inmueble y puede generar fuerzas aerodinámicas que, si no se consideran correctamente, incrementan el riesgo de desprendimientos o colapsos durante eventos meteorológicos extremos.
Morena rechaza que exista un nuevo impuesto por usar energía solar
Tras la polémica generada por la propuesta, la diputada Lucero Deosdady Martínez López aclaró públicamente que la reforma no crea nuevos impuestos para los usuarios de paneles solares.
En un comunicado del Congreso estatal, la legisladora aseguró que "no existe ningún denominado impuesto al sol" y afirmó que el propósito de la iniciativa es fortalecer las medidas de protección civil mediante instalaciones más seguras. Según explicó, la regulación pretende establecer mecanismos de supervisión para garantizar que los sistemas fotovoltaicos operen en condiciones adecuadas tanto para viviendas como para comercios y empresas.
El mismo posicionamiento fue reiterado en declaraciones obtenidas por Noticias de Tampico, donde la diputada insistió en que el proyecto únicamente busca ordenar las instalaciones mediante criterios técnicos y revisiones especializadas para reducir riesgos derivados de equipos mal instalados o que no cumplan con estándares de seguridad.
La regulación llega mientras la energía solar sigue creciendo
La iniciativa argumenta que el crecimiento acelerado de la energía solar hace necesario establecer reglas para garantizar instalaciones seguras. Como antecedente, incluso menciona que jurisdicciones expuestas a huracanes, como Florida y Puerto Rico, exigen memorias de cálculo y estudios estructurales para este tipo de proyectos. Además, afirma que la propuesta es compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente con el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante y el ODS 11 sobre ciudades sostenibles.
El contexto internacional también apunta hacia una expansión acelerada de esta tecnología. Un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía (IEA) señala que la capacidad instalada de energía solar y eólica se duplicó entre 2018 y 2023 y advierte que su crecimiento requerirá fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la planeación y adoptar marcos regulatorios que permitan integrar estas tecnologías de forma segura y confiable. El organismo sostiene que el reto ya no consiste únicamente en instalar más paneles, sino en hacerlo bajo condiciones que garanticen la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad de las instalaciones.
El debate también contrasta con la postura que el propio Congreso de Tamaulipas impulsó en 2022, cuando aprobó un exhorto para que los 43 municipios promovieran el uso de energías limpias, especialmente paneles solares, en edificios públicos y sistemas de alumbrado, al considerar que esta tecnología ofrece beneficios ambientales y económicos para las administraciones municipales. Ahora, la discusión ya no gira sobre fomentar su adopción, sino sobre cómo regular su instalación.
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