El llamado “derecho a reparar” llegó al Congreso mexicano. El diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, presentó una iniciativa para modificar la Constitución y reconocer explícitamente la posibilidad de que los consumidores reparen sus propios dispositivos sin restricciones de fabricantes.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, la propuesta fue turnada el pasado 19 de marzo a la Comisión de Puntos Constitucionales y plantea modificar los artículos 4° y 28 de la Constitución para integrar este derecho dentro del marco de protección al consumidor y la competencia económica.
La iniciativa busca que prácticas como bloquear dispositivos tras una reparación, limitar el acceso a refacciones o impedir servicios técnicos independientes puedan considerarse contrarias a la libre competencia.
Qué dice exactamente la iniciativa
El documento presentado por el legislador establece que muchas empresas han desarrollado mecanismos que dificultan la reparación de productos, especialmente electrónicos y electrodomésticos. Entre ellos, menciona bloqueos de software, exclusividad en refacciones o cláusulas que invalidan garantías si intervienen terceros. En ese contexto, define el derecho a reparar como:
"La facultad de las personas consumidoras para decidir libremente sobre el mantenimiento, reparación y prolongación de la vida útil de los bienes adquiridos"
Además, propone que el Estado garantice este derecho como parte de una estrategia más amplia de sostenibilidad y reducción de residuos. En el artículo 28 constitucional, el cambio sería más técnico: considerar prácticas anticompetitivas aquellas que impidan reparar productos mediante restricciones tecnológicas o contractuales.
El argumento: competencia, medio ambiente y consumo
La exposición de motivos plantea tres grandes problemas derivados de las restricciones a la reparación:
- Afectaciones al consumidor, obligado a reemplazar productos
- Distorsión del mercado al limitar servicios técnicos independientes
- Impacto ambiental por el aumento de residuos electrónicos
Bajo esa lógica, la reforma también se vincula con conceptos como economía circular y sostenibilidad, al buscar extender la vida útil de los productos.
Las críticas: problemas técnicos y riesgos legales
Sin embargo, no todos ven la propuesta con buenos ojos. En una columna publicada por El Economista, la analista Diana N. Ronquillo advierte que la iniciativa podría tener deficiencias importantes en su diseño jurídico.
Uno de los principales cuestionamientos es que mezcla dos ámbitos distintos: competencia económica y protección al consumidor. Mientras el primero regula relaciones entre empresas, el segundo se enfoca en el vínculo entre proveedores y usuarios. También señala que elevar este derecho a rango constitucional podría generar efectos no previstos. Por ejemplo, abrir la puerta a que fabricantes enfrenten demandas de amparo como si fueran autoridades, lo que alteraría el marco legal actual.
Otro punto crítico es la posible colisión con derechos de propiedad industrial, así como riesgos en garantías, seguridad de productos y control de calidad en reparaciones.
Un debate que apenas comienza
El derecho a reparar no es nuevo a nivel internacional. En regiones como la Unión Europea, su regulación ha tomado años y ha implicado estudios técnicos, límites claros y ajustes graduales.
En México, la propuesta de Morena abre un debate más amplio: si este tipo de medidas deben integrarse directamente en la Constitución o desarrollarse mediante leyes secundarias más específicas.
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