El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría obtener acceso en tiempo real a los sistemas y registros de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Mercado Libre o Tinder, según la reforma al Código Fiscal de la Federación incluida en el Paquete Económico 2026.
La medida, impulsada por la Secretaría de Hacienda, busca que las empresas permitan la revisión continua de sus operaciones para “verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales”, pero ha generado preocupación por el alcance que tendría sobre los datos personales y la privacidad digital de millones de usuarios.
Ante las críticas, la Cámara de Diputados propuso acotar el artículo 30-B del CFF para que el acceso del SAT se limite solo a información fiscal, aunque el proyecto mantiene la posibilidad de bloquear las plataformas que se nieguen a abrir sus sistemas.
De acuerdo con la periodista Laura Brugés, esta medida afectaría la vida privada de los usuarios, pues publicó en su cuenta de X al respecto:
“¿Qué onda con esto? Se quieren meter hasta en nuestra vida privada... quieren tener acceso a lo que compramos y hasta con quién ligamos en Tinder o Bumble.”
Brugés cita a la reforma al Código Fiscal de la Federación donde se propone que las plataformas digitales deban permitir a las autoridades fiscales el acceso en tiempo real a los datos que obren en sus sistemas. La pregunta es si ¿realmente el gobierno podría tener acceso a nuestra ubicación, historial de compras o datos personales?
Lo que dice el dictamen: revisión en tiempo real, pero con fines fiscales
De acuerdo con el dictamen del Código Fiscal de la Federación, la propuesta de la Secretaría de Hacienda busca “establecer la obligación de los prestadores de servicios digitales de permitir a las autoridades fiscales el acceso en línea y en tiempo real a la información relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen.”
El texto oficial explica que el objetivo es cerrar brechas fiscales, principalmente contra el comercio ilegal y la evasión de impuestos en plataformas digitales. También incluye que estos servicios abarcan streaming, intermediación entre terceros, clubes en línea, páginas de citas y enseñanza a distancia.
Sin embargo, la redacción inicial no especificaba qué tipo de datos podrían ser consultados, lo que generó preocupación por un posible acceso a información personal sensible.
Diputados buscan limitar el alcance: solo información fiscal
Tras la polémica, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ajustó el texto. Según El Economista, los legisladores propusieron modificar el artículo 30-B para dejar claro que el SAT podrá acceder “únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.
El medio detalla que la intención de esta corrección es evitar abusos o interpretaciones amplias que permitan revisar información privada o ajena a la fiscalización. No obstante, el mecanismo de bloqueo temporal de plataformas en caso de incumplimiento se mantiene.
Lo que dicen los diputados y el sector privado
De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, señaló que se está construyendo un marco fiscal “eficaz, justo y con total transparencia”.
Pero durante las audiencias públicas, representantes del sector tecnológico manifestaron inquietudes. Según Talla Política, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) pidió eliminar el artículo 30-B, advirtiendo que otorgaría a la autoridad “acceso directo, permanente y en tiempo real a todas las operaciones de las plataformas digitales”, lo que afectaría la privacidad de millones de usuarios.
También la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y la AMVO alertaron sobre el impacto en la seguridad y en la inversión digital del país, calificando la medida como “riesgosa e innecesaria”.
Entre la fiscalización y la privacidad digital
El documento del Ejecutivo aclara que el artículo 30-B pretende reforzar la recaudación y combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos, pero su redacción cubre también apps de streaming, comercio electrónico y citas en línea.
Esto significa que, en teoría, las autoridades podrían tener visibilidad sobre transacciones y consumos digitales, aunque no sobre los mensajes o ubicación de los usuarios. Aun así, la línea es delgada y ha provocado desconfianza.
Como anteriormente reportamos en Xataka México, el SAT busca “eficientar la tributación” en un sector que ya triplicó su recaudación desde 2020, pero especialistas en derechos digitales han advertido que la medida “no delimita con claridad qué información podrá consultarse”, abriendo la puerta a una posible vigilancia fiscal excesiva.
El dictamen del CFF será votado esta semana junto con la Ley de Ingresos 2026. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el artículo 30-B sigue contemplando que el SAT pueda acceder en línea y tiempo real a los registros de las plataformas y bloquearlas en caso de incumplimiento.
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