Secretaría de Economía pone una rigurosa norma para detener el cemento de mala calidad en México: qué es la NOM-EM-023-SE-2026

Recientemente entró en vigor la Norma Oficial Mexicana de Emergencia EM-023-SE-2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía. Dicha norma impone nuevas reglas obligatorias de calidad, pruebas técnicas y etiquetado para la comercialización de cemento hidráulico en todo el país.

De acuerdo con medios como El Imparcial, nueva NOM tiene como base la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta legislación faculta a las autoridades a intervenir para detener el ingreso y la venta de materiales que no cumplan con estos parámetros y que puedan poner en riesgo las construcciones. 

Según La Jornada, esta medida forma parte de una estrategia del gobierno federal para homologar los criterios con que se evalúan los materiales clave para el sector. Además, se busca asegurar que tanto en grandes proyectos como en construcciones privadas se utilice material de alta calidad.

El documento publicado en el DOF advierte que el cemento sin certificación genera baja o nula resistencia a la compresión, menor adherencia con el acero de refuerzo y debilidad ante incendios, lo que resulta en infraestructura frágil e insegura. Asimismo, la manipulación de materiales deficientes tiene un enorme impacto ambiental.

Gobierno exige pruebas más rigurosas de los materiales

La nueva NOM obliga a fabricantes, importadores y distribuidores a someter el producto a pruebas periódicas de laboratorio para evaluar resistencia a la compresión, tiempo de fraguado, estabilidad de volumen y límites químicos. También impone requisitos estrictos de etiquetado en español, exigiendo transparentar el país de origen, la razón social y la planta de producción tanto en cemento envasado como a granel.

Para evitar la interrupción de la cadena de suministro, la Secretaría estableció esquemas de certificación directa y homologación con la norma previa (NMX-C-414-ONNCCE-2017). Como se señala en el DOF, la norma tendrá una vigencia inicial de seis meses prorrogables por un periodo similar.

Finalmente, se estableció que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor reforzarán las visitas de verificación e inspección en todo el país. Como explica La Jornada, ante esto, las empresas del ramo de la construcción y las comercializadoras tendrán la obligación ajustar de inmediato sus esquemas de control de calidad.

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