La reforma para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales está a punto de dar su último paso legislativo, pero no llega sola. El Senado encontró un mecanismo para vigilar su cumplimiento: un registro electrónico obligatorio de la jornada laboral, acompañado de sanciones económicas que pueden superar el medio millón de pesos.
De acuerdo con información de El Economista, este 8 de abril las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos votarán el dictamen de la reforma secundaria. En él se establece que todos los empleadores deberán contar con un sistema digital que registre las horas trabajadas por cada empleado, incluyendo inicio y fin de la jornada.
Este sistema, conocido en el mercado como “reloj checador”, deja de ser una práctica opcional para convertirse en una obligación legal. Según El Imparcial, su objetivo es vigilar que la reducción de la jornada no se quede en el papel y que realmente se respete el límite de horas laborales.
Multas de hasta 586,000 pesos por incumplir
El elemento más contundente del dictamen es la sanción. Los empleadores que no implementen correctamente este registro electrónico enfrentarán multas que van de 29,327 a 586,550 pesos, equivalentes a entre 250 y 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
No se trata solo de instalar el sistema, sino de operarlo adecuadamente. La reforma busca evitar simulaciones o registros incompletos que oculten horas extra no pagadas o jornadas extendidas. Además, el registro electrónico tendrá un peso legal importante: podrá utilizarse como medio de prueba en caso de conflictos laborales. Esto significa que, ante cualquier disputa, los datos registrados podrán ser revisados por la autoridad para determinar si se respetaron las condiciones de trabajo.
Un sistema clave para controlar las horas extra
Uno de los puntos más delicados de la reforma es el manejo del tiempo extraordinario. El dictamen mantiene los nuevos límites establecidos en la Constitución, pero incorpora una transición gradual. Así, las horas extra permitidas evolucionarán de la siguiente forma, nueve horas en 2026 y 2027, diez en 2028, once en 2029 y hasta 12 horas en 2030.
El registro electrónico será la herramienta central para verificar que estos límites no se excedan. Este sistema también facilitará inspecciones más eficientes por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), incluso de manera remota y permitirá tener evidencia clara sobre el cumplimiento de la ley.
Implementación gradual y periodo de adaptación
Aunque la reforma podría entrar en vigor el 1 de mayo de 2026, la obligación del registro electrónico tendrá un periodo de adaptación. Todo el resto del año servirá para que las empresas implementen los sistemas necesarios, mientras que su obligatoriedad plena comenzará el 1 de enero de 2027.
En paralelo, la reducción de la jornada laboral también será progresiva. A partir de 2027, se recortarán dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.
Cabe mencionar que uno de los debates más relevantes era la posible redefinición de la jornada laboral. Sin embargo, el dictamen mantiene intacto el concepto vigente desde 1970: el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Lo que sí cambia es que ahora la ley permitirá que la jornada se distribuya de común acuerdo entre empleadores y trabajadores, abriendo la puerta a esquemas más flexibles.
También existe el riesgo de que algunas empresas simulen el cumplimiento de la jornada de 40 horas mediante el uso constante de horas extra, lo que podría desvirtuar el objetivo de mejorar el descanso y la salud laboral.
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