En pleno arranque de 2026, el Banco del Bienestar (pieza clave del gobierno federal para dispersar programas sociales) opera con una fragilidad que va más allá de lo financiero. De acuerdo con un reporte de El Universal, 84 % de las sucursales del banco carecen de instrumentos legales vigentes que acrediten el uso o la posesión de los terrenos donde están construidas, pese a que ya están en funcionamiento.
Según la investigación basada en un informe del Órgano Interno de Control del propio banco, el problema se concentra en el plan de expansión de la institución: de las dos mil 750 sucursales construidas, solo 431 cuentan con algún respaldo jurídico, como contratos de comodato, actas de asignación de uso o escrituras. El resto opera sin certeza legal sobre los predios que ocupa, un vacío que se mantiene incluso después de haber concluido formalmente la expansión.
Un plan de expansión que creció más rápido que su regularización legal
El Banco del Bienestar sustituyó al antiguo Bansefi durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en la red bancaria más grande del país. Actualmente cuenta con tres mil 149 sucursales, distribuidas principalmente en zonas rurales y de alta marginación. Sin embargo, ese crecimiento acelerado no vino acompañado de una regularización jurídica al mismo ritmo.
El informe detalla que una parte importante de los documentos existentes no está inscrita ante las autoridades correspondientes o tiene vigencias vencidas, lo que limita la certeza legal sobre los inmuebles. A esto se suma que, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional fue la responsable de la construcción de las sucursales, la entrega formal de los inmuebles al banco se realizó hasta 2024, mediante actas finiquito que solo acreditaron la entrega física, no la jurídica.
Más de dos mil sucursales entregadas sin uso legal acreditado
El rezago se vuelve más evidente al revisar el momento de la entrega. Solo 212 sucursales contaban con uso o posesión legal del predio al momento en que fueron entregadas al Banco del Bienestar. Más de dos mil 500 quedaron pendientes de regularización, pese a que ya operaban y eran utilizadas para la dispersión de apoyos sociales y la promoción del ahorro entre beneficiarios.
El propio documento del banco reconoce que, aunque el plan de expansión ya concluyó, aún faltan acciones concretas para obtener los instrumentos jurídicos que acrediten el uso o posesión legal de los predios. El diagnóstico es contundente: no se estableció una estructura organizacional clara, no hubo metas institucionales definidas y tampoco se identificaron riesgos de corrupción en el proceso.
Fallas internas y posibles incumplimientos regulatorios
El expresidente de la Condusef, Mario Di Costanzo expresó a El Universal que muchas sucursales ni siquiera cuentan con contratos de arrendamiento, ya que fueron entregadas en comodato o préstamo. De acuerdo con sus declaraciones, hay casos de sucursales instaladas en terrenos de bases militares o en kioscos urbanos, lo que complica aún más su situación jurídica.
Di Costanzo advierte que el problema no es solo de propiedad, sino también de cumplimiento normativo. Señala que varias instalaciones no cumplen con los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que exigen condiciones mínimas de seguridad e infraestructura, como vidrios antibalas, áreas separadas para operaciones sensibles y controles específicos para la prevención de lavado de dinero.
Un problema que ya había sido advertido desde 2025
Este escenario no surgió de la noche a la mañana. El mismo medio reportó en abril de 2025 que 86 % de las sucursales operaban sin acreditar la propiedad de los terrenos y que el banco solo tenía documentación de 396 predios, de acuerdo con una auditoría externa. En ese momento, se explicó que la regularización se realizaría mediante contratos de comodato, actas de asignación y escrituras de donación, sin impacto en los estados financieros.
La auditoría también detalló que el costo del proyecto de expansión ascendió a nueve mil 44 millones de pesos en obra civil y mil 991 millones de pesos en equipamiento, cifras que contrastan con la precariedad jurídica de buena parte de la red.
A estos problemas se suma un antecedente relevante. De acuerdo con Infobae, en diciembre de 2021 la CNBV multó al Banco del Bienestar por incumplir normas de prevención de lavado de dinero, al omitir reportes obligatorios a la Secretaría de Hacienda por operaciones relevantes realizadas en 2019. Aunque se trata de un caso de hace varios años, muestra que la institución ya había enfrentado observaciones regulatorias antes de consolidar su expansión.
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