
Una iniciativa en el Congreso de CDMX busca fijar un mínimo de 60 m² habitables para las viviendas que financie o promueva el gobierno y llevar ese requisito a los contratos de renta.
Pasar de 40 a 60 metros cuadrados significa ganar la mitad del espacio original. Para una familia que comparte la mesa del comedor para hacer la tarea, trabajar y comer, esos 20 metros hacen una diferencia. En Ciudad de México, una diputada propone que los 60 metros cuadrados de superficie habitable se conviertan en el mínimo que la ley garantice a quienes acceden a una vivienda financiada o promovida por el gobierno capitalino.
La iniciativa de María del Rosario Morales Ramos, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, tiene un segundo alcance. La diputada quiere llevar esa misma medida al Código Civil para que también se tome en cuenta al firmar un contrato de renta. La redacción abarca a más personas de las que sugiere el debate sobre vivienda de interés social.
Los 60 metros cuadrados ya tienen historia en la capital
El antecedente está en la Gaceta Oficial de Ciudad de México del 10 de julio de 2025. Ese día, la Secretaría de Vivienda publicó cambios a las reglas de operación del Instituto de Vivienda (INVI). Entre sus objetivos figuraba construir vivienda social de al menos 60 metros cuadrados. La modificación también contemplaba elevar los montos máximos de financiamiento para esas construcciones e impulsar la producción de vivienda en renta.
¿Qué cambiaría entonces? El artículo 53 de la Ley de Vivienda para Ciudad de México ya obliga al gobierno a promover el acceso a una vivienda adecuada mediante sus programas. Da prioridad, entre otros grupos, a personas en situación de pobreza, adultos mayores y madres o padres solteros. El artículo, sin embargo, deja abierta una cuestión concreta. ¿Cuánto espacio debe tener?
Morales Ramos propone responder con un segundo párrafo que fije la superficie habitable mínima en 60 metros cuadrados para las viviendas que el gobierno financie o promueva. Así, una medida que ya aparece entre los objetivos de las reglas del INVI quedaría escrita en la ley que rige los programas capitalinos.
Qué pasaría con los departamentos en renta
Para los inquilinos, el cambio estaría en el artículo 2398 del Código Civil. El párrafo propuesto habla de los contratos de arrendamiento de casa habitación que se firmen en la Ciudad de México y pide que la vivienda tenga esas dimensiones. A diferencia del cambio a la Ley de Vivienda, ese párrafo carece de una condición que limite su alcance a inmuebles financiados con recursos públicos.
Según la diputada, muchas viviendas de interés social apenas alcanzan los 40 metros cuadrados, una superficie que considera insuficiente para familias de más de tres integrantes. La legisladora advierte que, cuando varias personas necesitan estudiar, descansar o trabajar a distancia en el mismo lugar, la falta de espacio también reduce sus oportunidades educativas y laborales.
Quién financiaría viviendas más amplias
La diputada atribuye parte del problema a los recursos disponibles para construir. Por eso registró una segunda iniciativa que plantea modificar el artículo 68 de la Ley de Vivienda para incorporar programas de financiamiento que permitan construir unidades y rehabilitar casas deterioradas. También propone reformar el artículo 951 del Código Civil para que las viviendas en inmuebles verticales, horizontales o mixtos cuenten con condiciones dignas, seguras y asequibles.
Según el comunicado del Congreso capitalino del 16 de noviembre, la Mesa Directiva informó el día 4 que ambas iniciativas serían turnadas a las comisiones unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen. El mínimo legal para los programas de vivienda y su extensión a los contratos de renta siguen en discusión.
Imagen de portada | Gaceta UNAM
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