En diciembre del año pasado, una investigación de The New York Times reveló que, en Estados Unidos, Uber admitió como conductores a personas con antecedentes de delitos violentos, abuso sexual, acoso y por poner en peligro a niños y ancianos. Esto pese a asegurar que todos su miembros han pasado la verificación de antecedentes, algo esencial para mantener seguros a sus pasajeros.
Ante esto, la aplicación decidió reforzar la verificación de antecedentes y establecer políticas más estrictas para impedir que personas que fueron condenadas por delitos graves condujeran para la empresa. Anteriormente, Uber vetó como conductores a gente condenada por asesinato, terrorismo, agresión sexual y secuestro.
Uber aprobó a personas condenadas
El periódico descubrió que, en 22 estados, Uber aprobó a conductores condenados por delitos violentos, abuso infantil, agresión y acoso, siempre y cuando dichas condenas tuvieran al menos siete años de antigüedad. La empresa dijo en su momento que este límite "logra el equilibrio adecuado" entre proteger la seguridad pública y brindarle a exconvictos "la oportunidad de trabajar y reconstruir sus vidas".
Según The Times, Uber utiliza a la firma de verificación de antecedentes Checkr para revisar a sus conductores. Existen dos niveles de revisión: uno que examina los últimos siete años del historial de residencia del solicitante y otro más amplio que revisa todo su historial. La opción completa (la más costosa) solo se utiliza cuando la ley local lo exige.
En el resto del país, la verificación se limita generalmente a los últimos siete años. Es decir que en 35 estados, si una persona cometió un delito en un lugar distinto a su residencia reciente, ese antecedente podría no aparecer en el sistema. Además, los reportes se clasifican como "aprobado" o "en revisión interna". En el primer caso, el proceso puede completarse en cuestión de horas sin interacción humana directa.
Víctimas han hecho denuncias contra conductores
Entre 2017 y 2024, Uber recibió, en promedio, un reporte de agresión sexual o mala conducta sexual casi cada ocho minutos. La empresa justificó que el 99.9% de los más de mil millones de viajes anuales en el país "ocurren sin incidentes", y que el 75% de los reportes corresponden a conductas que clasifica como "menos graves", como comentarios inapropiados.
La investigación también documentó múltiples casos de conductores con condenas previas por delitos violentos que posteriormente fueron acusados de agresiones sexuales. En algunos casos, los antecedentes no fueron detectados por el sistema; en otros sí aparecieron pero no fueron dados de baja debido al límite temporal.
Un ejemplo citado fue el de un conductor en Florida que pasó la verificación pese a haber cumplido penas de prisión por delitos graves en el pasado. Otro caso en California involucró a un conductor con condenas por agresión con arma letal que fue aprobado conforme a las reglas vigentes. En varios de estos casos, jueces concluyeron que los conductores habían sido habilitados de acuerdo con la legislación estatal aplicable.
Polémica salpica a competidores
Lyft, una empresa competidora de Uber en EE.UU. prohíbe de por vida a conductores con condenas por delitos violentos sin importar su antigüedad. No obstante, The Times reveló que también se han reportado casos de personas con antecedentes que trabajan como conductores en la plataforma.
Mientras tanto, Uber ha presionado durante años contra leyes que exigieran controles más estrictos y solo en lugares como Nueva York se requiere el uso obligatorio de huellas dactilares. Documentos internos de 2015 muestran una estrategia para "cambiar la conversación" sobre seguridad hacia iniciativas menos costosas.
Actualmente, tanto Uber y Lyft enfrentan miles de demandas por agresión sexual en todo el país. Las compañías sostienen que los viajes son muy seguros y que sus procesos cumplen o superan las exigencias legales. Pero víctimas y expertos en seguridad pública argumentan que las empresas deberían aplicar estándares similares a otros sectores, donde se descarta automáticamente a candidatos con antecedentes delictivos.
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