
México supera los 100 millones de líneas celulares vinculadas, mientras CDMX reporta avances contra la extorsión mediante prevención y atención ciudadana.
Una llamada puede ser el comienzo de una extorsión, pero también el punto donde termina el intento. En Ciudad de México, 85% de los casos reportados al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia no se consuman, según explicó su secretario ejecutivo, Ramón Beltrán, a La Jornada. La mayoría ocurre por teléfono.
El dato cobra relevancia mientras México vincula millones de líneas celulares con la identidad de sus titulares para combatir delitos. Ambas estrategias buscan cerrar espacios a la extorsión, aunque hay una distinción, pues los resultados capitalinos principalmente corresponden a prevención y acompañamiento.
En CDMX, la prevención empieza por colgar
De acuerdo con el reporte de La Jornada, Beltrán atribuye los intentos frustrados a una mayor preparación ciudadana para reconocer las llamadas y cortar la comunicación. El funcionario también señala que más personas buscan asesoría jurídica y acompañamiento.
El Consejo Ciudadano ofrece otro indicador; los reportes atendidos bajaron de 16,782 en 2024 a 15,216 en 2025, una disminución de 9.32%. Esa comparación corresponde a los registros del organismo; no equivale a medir todas las extorsiones cometidas en la capital.
Su boletín vincula estos avances con campañas de sensibilización, capacitación empresarial y acompañamiento jurídico y psicológico. La lógica es intervenir antes de que una amenaza termine en un pago y conseguir información para las autoridades.
Qué tiene que ver el registro de celulares
Según el comunicado del 3 de noviembre de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), México alcanzó 100 millones 518 líneas vinculadas al corte del día anterior. Representan 83.3% de los aproximadamente 120 millones que se prevé vincular al cierre de 2026.
La finalidad, explica el regulador, es reducir el anonimato y facilitar investigaciones por fraude y extorsión. Ahí aparece la posible contribución del registro, que es aportar identificación dentro de una estrategia que también necesita reportes, análisis y actuación institucional.
El trámite se realiza ante las compañías telefónicas, responsables de recabar y resguardar la información. La CRT precisa que una línea suspendida puede reactivarse al vincularla con una identificación oficial vigente con CURP, sin saldo ni consumo de datos.
Identificar números también debe permitir actuar
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece cómo funcionará el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE). Entre sus tareas están atender reportes del 089 e identificar relaciones entre casos, personas, números telefónicos y cuentas.
También contempla solicitar la suspensión inmediata del servicio móvil cuando sea necesaria para detener una extorsión y coordinar solicitudes de bloqueo de identificadores IMSI e IMEI. Así, la información recibida puede convertirse en medidas para interrumpir el delito.
Un ejemplo aparece en Michoacán. Según su gobierno, entre el 14 de junio y el 31 de octubre de 2026 fueron bloqueadas 158 líneas. Las autoridades estatales también reportaron más de 5,000 llamadas desactivadas y pagos evitados por 334.6 millones de pesos entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, dentro de sus acciones contra extorsión y fraude.
El reto sigue siendo que los casos se reporten
La ENVIPE 2026 del INEGI dimensiona esa dificultad, pues durante 2025 se denunció apenas 9% de los delitos y en 6.6% se inició una carpeta de investigación. Son cifras generales, no exclusivas de extorsión.
Registrar una línea podría facilitar investigaciones, pero los datos aportados todavía no permiten medir su efecto. La señal de CDMX es más concreta: reconocer el intento, cortar la llamada y buscar acompañamiento puede impedir que se consume. El Consejo Ciudadano ofrece atención gratuita y confidencial, las 24 horas, en el 55 5533 5533.
Imágenes | Pexels
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