Cerrar la oficina para ir a la peluquería en horario laboral le salió carísimo a la directora de un banco en el País Vasco. De acuerdo con HuffPost: el Tribunal Superior de Justicia declaró procedente despedirla de su trabajo en una sucursal de CixaBank en Vizcaya.
La empleada laboraba en CaixaBank desde 1999. Según medios, percibía un salario bruto mensual de 7,345 euros (aproximadamente 150,000 pesos). Según el medio, la sucursal donde trabajaba era de categoría S1 (unipersonal), lo que significa que era la única trabajadora y dependía exclusivamente de ella para cumplir el horario de apertura al público.
No era su primera falta
De acuerdo con la sentencia número 2817/2025, la empleada acumulaba retrasos de hasta 59 minutos, salidas anticipadas de hasta más de dos horas y ausencias prolongadas sin justificar. El cierre de la oficina para ir a la peluquería fue solo uno de los episodios probados. Aquel día, la directiva dejó a varios clientes esperando en la calle mientras ella se ausentaba.
Sin embargo, el agravante fue que llevaba meses falseando su propio registro de jornada. Esto es obligatorio para todas las empresas en España desde 2019. Falsear el registro puese acarrear multas de entre 7,501 y 225,018 euros.
CaixaBank calificó esto como una "transgresión de la buena fe contractual" señalada como causa de despido en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. El juzgado de lo social y el TSJPV le dieron la razón. Este último incluso apuntó que dicho incumplimiento conlleva a la pérdida de confianza en el trabajador y "no admite graduación posible".
Sin indemnización, pero con derecho a cobrar el desempleo
Según el artículo 55.7 del Estatuto de los Trabajadores, un despido disciplinario declarado procedente anula el contrato sin indemnización ni salarios de tramitación. Eso significa que la directora pierde lo que le habría correspondido por despido improcedente: 33 días de salario por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, es decir, unos 176,000 euros con su sueldo.
No obstante, la directiva aún conserva el derecho a la prestación por desempleo. En España, la ley considera situación legal de desempleo cualquier despido (procedente, improcedente o nulo), siempre que se cumplan los requisitos de cotización.
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