Alemania dio un paso histórico contra la escasez de trabajadores: permitir que los jubilados sigan trabajando

En septiembre de 2023, toda Europa volteó a ver a Alemania. La que históricamente había sido la economía más fuerte de la encendió las alarmas. Se tornó un panorama poco alentador para los próximos jubilados. Y desde entonces, las cosas no han mejorado. Ante este escenario, el gobierno alemán decidió tomar una medida histórica: formalizar esta práctica.

El gobierno liderado por Friedrich Merz propuso una estrategia directa: permitir que los jubilados que decidan mantenerse activos reciban hasta 2,000 euros al mes completamente libres de impuestos. Esta iniciativa, bautizada como el "plan de pensión activa", busca combatir la aguda falta de mano de obra que afecta a la principal economía del continente europeo.

La reforma se integró en un paquete de medidas que el gobierno promovió como su "otoño de reformas" y entró en vigor el 1 de enero de este año. La coalición gobernante la impulsó bajo la premisa de que es urgente retener la experiencia dentro de las organizaciones y aumentar el empleo formal en un país golpeado por el envejecimiento demográfico.

Aunque la ley exime de impuestos sobre la renta esos primeros 2,000 euros mensuales de salario extra, las cuotas de seguridad social se mantienen vigentes. Tanto los empleados como las empresas deben seguir aportando al sistema de salud y de pensiones, lo que ayuda a sostener las finanzas públicas mientras se inyecta talento experimentado a las empresas.

Esta reforma no elimina las opciones de jubilación anticipada (la edad de retiro oficial sigue establecida en 67 años, con alternativas desde los 63). Su objetivo es puramente de incentivo fiscal: convencer a quienes tienen las condiciones y el deseo de seguir laborando de que económicamente vale la pena hacerlo.

El gobierno estima que dejar de recaudar impuestos por esta vía implicará un costo de unos 890 millones de euros anuales. Sin embargo, analistas independientes consideran que el impacto real será mayor: el IW Institute calcula que el costo rozará los 1,400 millones de euros anuales, con un grupo potencial de beneficiarios de unas 168,000 personas.

Alemania ha tomado de referencia casos como el de Grecia. En ese país, tras eliminarse las penalizaciones y permitir que los jubilados conservaran el total de su pensión pagando solo un impuesto fijo del 10% por sus ingresos laborales, el número de trabajadores retirados en activo pasó de 35,000 a más de 250,000 en un año. 

La medida busca corregir problemas de fondo: Alemania tiene actualmente algunas de las jornadas semanales promedio más bajas entre los países de la OCDE y registra un fuerte aumento de las contrataciones de medio tiempo (que ya representan el 30% del mercado de trabajo). Con este incentivo se busca incrementar las horas laboradas totales y frenar la fuga de conocimiento.

Si bien retener al talento de mayor edad ayuda a desatorar vacantes clave en áreas de alta especialización, también impone a las empresas el reto de adecuar las oficinas, la ergonomía y sus políticas internas para una planta laboral de edad avanzada. Y a unos meses de su implementación, las agencias gubernamentales y el sistema de pensiones aún no disponen de datos concretos sobre cuánta gente se ha sumado al programa.

A esto se añaden dificultades técnicas durante el arranque, pues muchos departamentos de recursos humanos no contaban con sistemas actualizados para procesar la exención de impuestos en los recibos de nómina desde el primer mes. Un análisis elaborado con cifras de Eurostat señala que en Alemania el 4.5% de los jubilados continúa trabajando tras recibir su primera pensión, una cifra baja comparada con la media de la Unión Europea.

Riesgos para el sistema. Las críticas apuntan en dos direcciones: primero, podría afectar la incorporación de los jóvenes al mercado si las empresas prefieren mantener en sus puestos a empleados con más experiencia y sueldos que ya no generan carga fiscal. Segundo, si la adopción resulta masiva, la pérdida de ingresos por impuestos podría desajustar el presupuesto del Estado en un momento de alta presión sobre el gasto social. 

En conclusión, la ley de los 2,000 euros exentos de impuestos para jubilados activos representa un esfuerzo pragmático ante la crisis de personal y el envejecimiento poblacional. Con esto se busca capitalizar la experiencia acumulada, captar aportaciones de seguridad social y sostener la productividad sin depender de un incremento drástico en los flujos migratorios ni de cambios forzados en las jornadas de trabajo.

Su verdadero éxito se medirá a largo plazo: dependerá del nivel de adopción por parte de los trabajadores mayores, de la flexibilidad de las empresas para integrarlos y de la precisión de las proyecciones financieras del gobierno. Se trata de un experimento de reingeniería laboral que otros países con problemas demográficos severos, como Japón, observan muy de cerca.

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