La Ley de Rentas Justas y Asequibles llegará al Congreso de CDMX el 14 de octubre, según El Universal; contempla una defensoría y medidas contra el desplazamiento vecinal.
La Ley de Rentas Justas y Asequibles de Ciudad de México ya tiene fecha prevista para llegar al Congreso: el próximo 14 de octubre. Según la columna El Caballito, de El Universal, Clara Brugada anunció que presentará la iniciativa durante su informe por el segundo año de gobierno ante el pleno.
La propuesta busca impedir aumentos superiores a la inflación y crear una defensoría para las relaciones entre inquilinos y propietarios. Sin embargo, hay una precisión importante y es que el límite al incremento anual de las rentas ya existe. Lo pendiente es una legislación específica que desarrolle las medidas anunciadas por el gobierno capitalino.
Un límite que ya pasó por el Congreso y la Corte
De acuerdo con un comunicado del Congreso capitalino de agosto de 2024, los diputados aprobaron modificar el Código Civil para impedir incrementos superiores a la inflación del año anterior. También avalaron un registro digital de contratos y disposiciones para producir vivienda pública en arrendamiento asequible.
Como contamos en Xataka México, la Suprema Corte respaldó la constitucionalidad de ese tope. Su comunicado, precisa que la medida protege el acceso a la vivienda sin eliminar la libertad contractual, las partes pueden seguir acordando libremente el precio inicial del alquiler.
Ese comunicado también resolvió un punto que seguía pendiente cuando publicamos aquella nota, el registro digital. La Corte delimitó la información que podrá recopilarse al monto de renta, incremento pactado, colonia y alcaldía, con protección de datos personales.
Qué propone cambiar Brugada
La nueva ruta tiene dos etapas. Según el Gobierno capitalino, primero se planteó una reforma constitucional y después una ley específica de rentas. La iniciativa constitucional remitida al Congreso en abril propone adicionar el artículo 9 para establecer que el incremento anual del alquiler habitacional no supere la inflación del año anterior reportada por el INEGI. También incorpora vivienda asequible, una institución de defensa y el derecho al arraigo vecinal.
La diferencia es que ese documento es una propuesta de reforma constitucional, no el texto de la ley anunciada para octubre. Sus transitorios encargan al Congreso expedir la legislación secundaria y definir la naturaleza administrativa de la nueva institución.
Según explicó Brugada en abril, la defensoría atendería derechos y obligaciones tanto de arrendadores como de arrendatarios. El comunicado oficial también le atribuye funciones de orientación y mediación. El alcance concreto dependerá del contenido que se presente y apruebe.
Más vivienda y condiciones para permanecer en el barrio
La iniciativa también plantea que el gobierno amplíe permanentemente su reserva territorial mediante la compra de suelo y aumente la oferta de vivienda social y asequible, especialmente para jóvenes y grupos prioritarios. Otro componente es reconocer el derecho al arraigo: preservar los vínculos sociales, culturales, económicos y territoriales de quienes han construido su vida en una comunidad, junto con políticas para reducir los efectos negativos de la gentrificación.
La propuesta tiene como antecedente el Bando 1, presentado el 16 de julio de 2025. Como reportamos antes, sus 14 acciones incluían regulación del alojamiento temporal, vivienda pública en renta, una defensoría y la futura ley. El siguiente paso será conocer sus reglas concretas. La fecha anunciada corresponde a la presentación de una iniciativa: no significa que la ley entre en vigor el 14 de octubre, ni permite anticipar que las rentas bajarán automáticamente.
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