CDMX ya reconoce derechos como el agua y los cuidados; ahora va por el bienestar emocional

Ciudad de México ha incorporado nuevos derechos a su Constitución, desde el acceso al agua hasta el sistema público de cuidados. Ahora el gobierno capitalino busca dar un paso más al colocar el bienestar emocional dentro de ese mismo marco de protección, mientras la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida entre adolescentes se han convertido en un desafío creciente en la capital. 

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso de Ciudad de México una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el bienestar emocional como un derecho humano y obligar al gobierno local a garantizar políticas públicas permanentes en materia de salud mental. La propuesta toma como base la experiencia del programa Vida Plena, Corazón Contento, que durante el ciclo escolar atendió a miles de estudiantes en escuelas públicas.

CDMX quiere que la salud mental se convierta en un derecho

La iniciativa plantea incorporar a la Constitución la obligación de implementar una política integral de atención a la salud mental y reconocer, especialmente para las juventudes, el derecho a recibir servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional, prevención, orientación, acompañamiento y atención psicológica dentro de sus escuelas. 

De acuerdo con La Jornada, el objetivo también es incorporar recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para acercar estos servicios al entorno escolar.

Además del cambio constitucional, Brugada adelantó la creación del Sistema de Bienestar Emocional, una red que coordinará instituciones, servicios territoriales, acciones preventivas y mecanismos para responder a emergencias emocionales. Como parte de esta reorganización, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) cambiará oficialmente su nombre a Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).

Detrás de la iniciativa hay una realidad que afecta a miles de jóvenes

El anuncio ocurre mientras las autoridades capitalinas advierten sobre el crecimiento del malestar emocional entre adolescentes. Según datos presentados por el gobierno local y retomados por La Silla Rota, dos de cada tres jóvenes de entre 12 y 17 años presentan algún grado de malestar emocional, lo que equivale a casi medio millón de adolescentes en Ciudad de México. Además, más del 50% de las consultas psicológicas entre menores están relacionadas con ansiedad o depresión.

El programa Vida Plena, Corazón Contento desplegó alrededor de 200 especialistas en salud mental en 1,111 escuelas, donde realizaron talleres, actividades grupales y atención personalizada. Como resultado, las autoridades reportan que identificaron y atendieron 147 casos de riesgo suicida durante el ciclo escolar.

En una actualización, el gobierno informó que la estrategia ya alcanzó a cientos de miles de estudiantes mediante miles de actividades y más de 13,000  acompañamientos individuales, reforzando la idea de que la atención psicológica debe acercarse a los espacios donde se encuentran los jóvenes, en lugar de esperar a que ellos soliciten ayuda.

Reconocer el derecho es el primer paso; hacerlo realidad será el verdadero desafío

La propuesta refleja un cambio en la forma en que el gobierno capitalino entiende la salud mental: no únicamente como un servicio médico, sino como un derecho que debe garantizarse mediante infraestructura, personal especializado y políticas públicas permanentes.

Ese punto será clave si la reforma avanza en el Congreso. Reconocer un nuevo derecho constitucional implica también generar capacidad institucional para hacerlo efectivo. Diversos diagnósticos muestran que la atención en salud mental continúa siendo desigual entre alcaldías y que el acceso a servicios especializados sigue siendo limitado para buena parte de la población.

Si la iniciativa es aprobada, Ciudad de México sumaría el bienestar emocional a la lista de derechos que ya protege constitucionalmente. El siguiente desafío no será jurídico, sino operativo: convertir ese reconocimiento en atención accesible, gratuita y suficiente para una demanda que lleva varios años creciendo.

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