El rescate del cóndor de California demostró que criar animales en cautiverio funciona, pero también evidenció un dilema global: con recursos limitados y tensiones con comunidades locales, ¿quién decide qué animales merecen salvarse?
En 1987, un equipo de biólogos capturó al último cóndor de California que aún volaba en libertad. Con esa acción se confirmó una dolorosa paradoja: la especie quedaba oficialmente extinta en su hábitat natural, pero el objetivo era evitar su desaparición definitiva. Fue el punto de partida para que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos iniciara un ambicioso programa de reproducción en cautiverio. Cuatro décadas después, los resultados son palpables: a finales del año pasado el censo rebasó por primera vez los 600 ejemplares, con cerca de 400 viviendo de nuevo al aire libre.
El regreso de estas aves, sin embargo, ha costado millones de dólares, años de fricciones políticas y acalorados debates sobre cuánto cuesta preservar la biodiversidad. Esta misma interrogante se discutió hasta el pasado 30 de octubre en la cumbre de biodiversidad de la ONU celebrada en Ereván: quién tiene la autoridad para decidir cuáles especies merecen salvarse y quién debe asumir los costos financieros y sociales. En esa mesa de negociación suele faltar un actor fundamental: las comunidades locales y los pueblos indígenas, quienes asumen el impacto directo de estas políticas pero casi nunca tienen voz ni voto en las decisiones.
Un compromiso multimillonario sin hoja de ruta clara
Durante 2022, la comunidad internacional firmó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, cuyo plan busca proteger el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta, frenar las extinciones provocadas por el ser humano y canalizar al menos 200,000 millones de dólares anuales para 2030. Aunque dicho pacto no estipula qué animales o plantas salvar de forma individual, sí marca el rumbo de las prioridades gubernamentales y el destino de los presupuestos.
La historia del cóndor refleja con claridad estas tensiones: la población pasó de apenas 22 individuos en 1982 a más de 600 en la actualidad, pero la recuperación detonó reclamos por su elevado costo financiero, inconformidad por las restricciones impuestas al uso de suelo en zonas rurales y una fuerte oposición de organizaciones de cacería contra la prohibición del plomo en las municiones, metal que causa envenenamiento y sigue siendo una de las mayores causas de mortalidad de esta ave rapaz.
La selectividad del financiamiento ambiental
El dilema de fondo es mayúsculo: actualmente existen alrededor de un millón de especies al borde de la extinción a nivel global y las metas de conservación registran retrasos alarmantes. Dado que los recursos económicos son limitados, los gobiernos y las organizaciones se ven obligados a priorizar, y ese filtro dista de ser equitativo. Un análisis científico sobre más de 14,000 programas de conservación ejecutados entre 1992 y 2016 reveló que apenas cinco grupos de grandes mamíferos (primates, carnívoros, cetáceos, elefantes y rinocerontes) acapararon el 86% de todos los fondos disponibles.
En contraste, los organismos menos carismáticos quedaron relegados: las plantas y los invertebrados recibieron en conjunto un modesto 6.6% del financiamiento. Este desbalance representa un riesgo ecológico mayúsculo: desatender a los polinizadores y a los organismos basales no solo pone en jaque la biodiversidad vegetal, sino también la producción de los alimentos que llegan directamente a nuestra mesa.
Imagen de portada | Thomas Fuhrmann
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