
México quiere una reforma para tipificar la suplantación de identidad incluyendo el uso de inteligencia artificial y perfiles digitales falsos.
La suplantación de identidad en internet podría dejar de ser un delito perseguido únicamente cuando deriva en fraudes financieros. La Cámara de Diputados quiere una reforma al Código Penal Federal para tipificar esta conducta de forma específica, ampliando su alcance a cualquier uso indebido de datos personales, cuentas digitales, información biométrica o herramientas de inteligencia artificial para hacerse pasar por otra persona.
De aprobarse en el próximo periodo ordinario de sesiones, las penas base irían de cuatro a ocho años de prisión, aunque en algunos casos podrían aumentar hasta 12 años, de acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, según un reporte de Expansión.
La propuesta surge en un contexto en el que la identidad digital cobra cada vez mayor relevancia. Con el registro nacional de líneas celulares en marcha y una mayor cantidad de servicios públicos y privados vinculados a mecanismos de autenticación electrónica, los legisladores buscan cerrar un vacío legal que, hasta ahora, solo permite perseguir estos casos mediante figuras como fraude, uso indebido de datos personales o disposiciones específicas del sistema financiero.
La reforma quiere castigar mucho más que el fraude bancario
El dictamen plantea incorporar al Código Penal Federal un nuevo Capítulo VI Bis denominado "Suplantación de identidad", integrado por cuatro artículos que definen el delito, establecen sanciones y contemplan agravantes.
La iniciativa considera responsable a quien, sin autorización del titular y con la intención de obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio, utilice, transfiera, posea o disponga de datos personales, documentos, elementos biométricos, medios de autenticación o cualquier identificador de identidad digital perteneciente a otra persona.
Además, el texto amplía el concepto de identidad digital para incluir contraseñas, códigos de verificación, certificados electrónicos, firmas digitales, cuentas y perfiles electrónicos, reconociendo que hoy gran parte de la identidad de una persona también existe en entornos digitales.
Uno de los elementos más llamativos es que el proyecto incorpora explícitamente el uso de software o sistemas de inteligencia artificial para generar imágenes, audios o videos manipulados con fines ilícitos de suplantación de identidad, una práctica que ha cobrado relevancia con la popularización de los llamados deepfakes.
Las penas pueden aumentar hasta 12 años en algunos casos
La propuesta establece una pena general de cuatro a ocho años de prisión, además de multas equivalentes a entre 1,000 y 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que a valores de 2026 representa sanciones económicas de entre 117,310 y 586,550 pesos.
Sin embargo, las penas podrían incrementarse hasta en una mitad, alcanzando un máximo de 12 años de prisión, cuando el delito sea cometido por servidores públicos, especialistas en informática o telecomunicaciones que aprovechen sus conocimientos técnicos, personas con una relación de confianza con la víctima o cuando ésta sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad o se encuentre en situación de vulnerabilidad.
También se consideran agravantes los casos cometidos de forma sistemática o aquellos que provoquen daños relevantes a la reputación, el historial crediticio, los derechos patrimoniales, políticos o la identidad digital de la víctima.
Las autoridades llevan años advirtiendo sobre este problema
La reforma llega en un escenario donde las autoridades mexicanas ya han advertido que el robo de identidad dejó de limitarse al ámbito financiero.
Desde 2023, la Guardia Nacional, a través del CERT-MX, alertó que los ciberdelincuentes aprovechan la información publicada en redes sociales para hacerse pasar por otras personas y realizar desde compras y solicitudes de crédito hasta trámites gubernamentales o incluso la comisión de otros delitos. Entre sus recomendaciones destacan verificar que los sitios web utilicen conexiones seguras, mantener los dispositivos actualizados, desconfiar de enlaces sospechosos y limitar la información personal compartida en redes sociales.
El tema también aparece dentro de la estrategia de transformación digital del gobierno federal. El Primer Informe de Gobierno 2024-2025 incluye entre sus objetivos la creación de una Identidad Digital Nacional como parte de la agenda de gobierno digital, un proyecto que busca ampliar el uso de mecanismos electrónicos de autenticación para acceder a servicios públicos.
La preocupación tampoco es exclusiva de México. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que el crecimiento de internet y del comercio electrónico elevó el robo de identidad a una nueva escala, convirtiéndolo en uno de los principales obstáculos para la confianza en los servicios digitales. El organismo señala que muchos países han respondido con campañas de prevención, nuevos marcos legales y medidas de autenticación más robustas, aunque también reconoce que la falta de definiciones legales homogéneas sigue dificultando el combate a este delito.
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