
Un ultimátum con fecha y hora en el calendario
Durante años, moverse en un vehículo eléctrico ligero por Ciudad de México fue lo más parecido a tener inmunidad diplomática sobre el asfalto. Podías cruzar media avenida sin placas, sin tarjeta de circulación y con la certeza de que nadie tenía muy claro bajo qué categoría legal entraba ese aparato silencioso con el que librabas el embotellamiento diario. Esa fiesta acaba de recibir su aviso oficial de desalojo.
La historia dio un giro brusco en cuestión de horas, como suele ocurrir cuando la burocracia capitalina decide poner orden de golpe. Apenas el pasado 17 de noviembre, la Secretaría de Movilidad había anunciado con toda calma que el registro y emplacamiento para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, bautizados bajo el nada poético acrónimo VEMEPE, se ampliaba hasta nuevo aviso para que los dueños tuvieran margen de maniobra.
Esa tregua indefinida duró menos que la batería de un patín eléctrico barato en una subida de Santa Fe. Ayer, el gobierno de la ciudad cambió el discurso abierto por un ultimátum con fecha y hora en el calendario: el plazo definitivo para regularizar estas unidades vence el próximo 20 de enero de 2027.
Detrás de este acelerón administrativo existe una lógica sencilla que cualquiera que haya caminado por la banqueta de Insurgentes entiende a la primera. Las autoridades buscan meter en cintura un parque vehicular que creció sin control, ponerle nombre y apellido a quien maneja cada unidad y dotar de certeza jurídica a un ecosistema donde hoy reina la improvisación.
El trámite exige bastante más que atornillar un pedazo de metal pintado en la parte trasera del chasis. Para quedar dentro de la ley, el propietario debe concretar el alta formal en el padrón local, obtener su tarjeta de circulación y conseguir el Distintivo de Movilidad Eléctrica, conocido como DME, tres filtros diseñados para separar a los vehículos legales de los que operan por la libre.
Una prueba de fuego para toda la micromovilidad eléctrica de la capital
Quienes decidan ignorar el aviso bajo la vieja costumbre mexicana de dejar todo para el último minuto descubrirán pronto el costo de su optimismo. La dependencia advirtió sin rodeos que, a partir del 21 de enero, los agentes de tránsito tendrán vía libre para aplicar las multas y sanciones del Reglamento de Tránsito vigente a cualquier unidad que ruede fuera de norma.
Para evitar ese encuentro incómodo con la grúa o la boleta de infracción, el proceso arranca de forma digital dentro del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México. Ahí, el sistema pide de entrada una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio capitalino con una antigüedad máxima de noventa días.
El verdadero campo minado aparece en el apartado fiscal del expediente, ese detalle técnico capaz de frenar en seco a miles de compradores entusiastas. La ventanilla exige la factura de primera venta o una carta factura vigente para demostrar la propiedad, pero obliga a acompañarla con el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet, un requisito mortal para quienes adquirieron su vehículo en importadoras informales o de segunda mano sin rastro electrónico.
Al final, la prórroga hasta enero funciona como una prueba de fuego para toda la micromovilidad eléctrica de la capital, porque el obstáculo real no será convencer a la gente de entrar a una página web, sino ver cuántos de esos vehículos que hoy zumban entre los coches tienen los papeles en regla para sobrevivir al primer retén.
Imagen | Honey Whale Oficial y Yadea México
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