El debate dejó de girar sólo alrededor de la seguridad
La polémica alrededor de la Ley Casco en Puebla está lejos de terminar. Lo que hace apenas unas semanas parecía una medida para identificar a quienes circulan en motocicleta ahora enfrenta una ofensiva política para desaparecerla. Mientras cientos de motociclistas salieron a las calles para exigir cambios, una bancada del congreso estatal ya anunció que buscará eliminar la obligación de portar un holograma con microchip RFID y código QR en el casco. El debate dejó de girar sólo alrededor de la seguridad. Ahora también alcanza temas como la privacidad, eficacia de la medida y el trato que reciben miles de ciudadanos por el simple hecho de usar una moto.
La iniciativa partirá del Partido Acción Nacional, según informa El Popular. Mario Riestra Piña, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, sostiene que la legislación nació de una idea equivocada: considerar sospechosa a cualquier persona que se transporte en motocicleta. Desde su perspectiva, el gobierno impulsó una obligación que afecta a todo un sector sin presentar estudios públicos que demuestren que colocar un distintivo en el casco reduzca robos, homicidios o delitos de alto impacto. Para el dirigente, una política pública de ese tamaño necesita resultados comprobables antes de convertirse en una obligación para miles de personas.
La discusión ocurre en un momento de alta tensión. La noche del 4 de agosto, cientos de motociclistas ocuparon parte de la Vía Atlixcáyotl, una de las arterias más importantes de la zona metropolitana de Puebla. Motoclubes y repartidores por aplicación mantuvieron la protesta durante varias horas mientras representantes del movimiento sostenían una segunda mesa de diálogo con autoridades estatales, según reportó La Jornada de Oriente. El tránsito quedó severamente afectado rumbo al Centro Histórico.
Quienes participaron en la movilización repiten un argumento que también aparece en la propuesta del PAN. Consideran que el holograma obligatorio convierte a toda la comunidad motociclista en objeto de vigilancia permanente sin atacar el origen del problema de la inseguridad. También cuestionan la carga administrativa que representa el trámite y advierten que la reforma no ofrece evidencia pública sobre su efectividad. Incluso dejaron abierta la posibilidad de ampliar las protestas si el gobierno estatal mantiene la misma postura durante las negociaciones.
La Ley Casco no apareció de la nada. El Congreso de Puebla aprobó las reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial el 18 de junio de 2025 después de que el gobierno estatal señalara un incremento de delitos cometidos por personas que escapaban en motocicleta. Según la explicación oficial, el sistema permitiría identificar con mayor rapidez a propietarios y vehículos mediante lectores instalados en distintos puntos del estado. La intención consistía en facilitar el trabajo de las autoridades cuando una motocicleta apareciera relacionada con algún hecho delictivo.
En junio de este año, Xataka Auto México informó que el distintivo no sería una simple calcomanía. El dispositivo incorporaría un microchip vinculado con la licencia de conducir y la placa de la motocicleta. Además, la Secretaría de Seguridad Pública realizaba pruebas con arcos lectores instalados en vialidades estratégicas, mientras el gobierno preparaba la distribución gratuita del primer lote de identificadores para los usuarios. La apuesta consistía en construir una red de identificación electrónica para el parque motociclista poblano.
Puebla replicó un modelo aplicado en Colombia
Los críticos de la reforma responden con otra serie de cifras. Riestra Piña afirma que durante 2024 hubo 1,295 eventos delictivos relacionados con motocicletas, pero asegura que el gobierno nunca presentó una comparación con otros tipos de vehículos para justificar que sólo este sector recibiera un tratamiento especial. También recuerda que los siniestros viales crecieron de 580 casos en 2020 a 1,461 durante 2024. Desde esa óptica, el problema más urgente no sería identificar cascos, sino reducir las muertes y lesiones que cada año afectan a quienes utilizan este medio de transporte. A ello suma otro dato: Puebla registra alrededor de 181,000 motocicletas, mientras el primer lote oficial contempla apenas 45,000 distintivos, cifra equivalente a menos de una cuarta parte del parque vehicular.
La propuesta para eliminar la Ley Casco también mira hacia el extranjero. El PAN sostiene que Puebla replicó un modelo aplicado en Colombia, país que retiró la obligación de portar identificación en el casco tras concluir que no ofrecía los resultados esperados. Ahora la discusión queda en manos del Congreso y del gobierno estatal. Lo que parecía un cambio definitivo para la movilidad poblana volvió al punto de partida. La pregunta ya no consiste únicamente en cómo combatir los delitos cometidos en motocicleta. También pone sobre la mesa hasta dónde puede llegar una estrategia de vigilancia cuando todavía existe un debate abierto sobre su verdadera utilidad.
Imagen de portada | Gobierno CDMX
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