La Comisión Nacional Antimonopolio sancionó a algunas de las principales empresas inmobiliarias y comerciales de México por acuerdos ilegales relacionados con las rentas de locales durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Seis años después de los momentos más críticos de la pandemia, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por más de 500 millones de pesos a algunas de las empresas más importantes del sector inmobiliario y comercial del país. Entre las compañías castigadas aparecen nombres como Liverpool, Chedraui, Grupo Danhos, GICSA, Acosta Verde, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles (DMI) y Grupo Aryba.
De acuerdo con la resolución dada a conocer por la CNA y retomada por Reuters, las empresas habrían establecido acuerdos ilegales para manipular las condiciones de renta de locales comerciales durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Según la autoridad, las compañías involucradas coordinaron los descuentos que ofrecerían a los arrendatarios de centros comerciales e incluso acordaron límites máximos para esos apoyos. En algunos casos, señala el organismo, también existieron acuerdos para no conceder reducciones de renta a ciertos inquilinos afectados por el cierre parcial o total de actividades económicas.
El problema no fue dar descuentos, sino acordarlos entre competidores
La CNA fue clara al explicar que las empresas tenían plena libertad para negociar descuentos o facilidades con sus locatarios. El problema detectado por la investigación fue que esas decisiones no se tomaron de manera independiente. De acuerdo con el organismo, las compañías sancionadas coordinaron previamente las condiciones de los descuentos que ofrecerían, algo que la legislación mexicana considera una práctica monopólica absoluta.
En palabras de la propia autoridad, las empresas podían "establecer libre y unilateralmente" las condiciones de apoyo para sus arrendatarios, pero la conducta sancionada consistió en acordar esas medidas entre competidores. La investigación concluyó que esta coordinación redujo la posibilidad de que los comerciantes obtuvieran mejores condiciones mediante negociaciones individuales con cada propietario de centros comerciales.
Un daño calculado en más de 400 millones de pesos
La CNA estima que estas prácticas provocaron un daño económico cercano a los 404 millones de pesos. El organismo sostiene que las consecuencias van más allá de la relación entre propietarios e inquilinos. Según explicó, las prácticas anticompetitivas en el mercado inmobiliario pueden incrementar los costos de operación de miles de negocios, afectar el empleo y terminar impactando los precios de bienes y servicios para los consumidores.
La autoridad también recordó que las reglas de competencia económica siguieron vigentes durante la emergencia sanitaria y que las circunstancias extraordinarias de la pandemia no justificaban acuerdos entre competidores para fijar condiciones comerciales.
Una investigación que comenzó en 2020
El caso tiene su origen en octubre de 2020, cuando la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo que posteriormente dio paso a la CNA, inició una investigación tras recibir reportes sobre posibles prácticas monopólicas en el sector.
De acuerdo con la información publicada por El País, las denuncias señalaban que varias empresas inmobiliarias estaban ofreciendo exactamente los mismos descuentos y bajo condiciones prácticamente idénticas a sus arrendatarios durante la pandemia. También se reportó que algunas habrían acordado retirar esas facilidades al mismo tiempo.
La investigación derivó en sanciones no solo para las empresas involucradas, sino también para la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y diversas personas físicas relacionadas con el caso.
Las empresas aún pueden impugnar
La resolución todavía no es definitiva. La CNA confirmó que todos los agentes económicos sancionados tienen derecho a recurrir a los tribunales especializados para impugnar la decisión.
Grupo Danhos ya había manifestado previamente su desacuerdo con las conclusiones de la autoridad y anunció su intención de combatirlas legalmente. Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios informó que analiza los alcances de la resolución y recordó que durante la investigación colaboró con las autoridades y reforzó sus políticas internas de cumplimiento en materia de competencia económica.
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