Una iniciativa en el Senado busca que la Secretaría del Trabajo publique informes trimestrales para medir el impacto de la reducción de la jornada laboral en el empleo, los salarios, la productividad y la informalidad en México.
México ya decidió reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales. El senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para obligar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a publicar cada tres meses un informe sobre la duración efectiva de las jornadas y sus principales efectos sobre el mercado laboral.
De acuerdo con un reporte de El Economista, la propuesta busca adicionar un artículo 61 Bis a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Los reportes integrarían información oficial producida por instituciones como el INEGI, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades.
México ya ordenó recopilar los datos, pero no publicarlos
La propuesta parte de un vacío en la reforma vigente. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ya ordena a la STPS instrumentar mecanismos para “recopilar, procesar y evaluar” datos relacionados con la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, esa disposición transitoria no establece que los resultados deban hacerse públicos. Tampoco fija una periodicidad ni determina cuáles serían los indicadores mínimos para evaluar la reforma.
“La información existe. Lo que hace falta es integrarla bajo una misma lógica de seguimiento”, señala la exposición de motivos citada por El Economista. La intención, por tanto, no sería crear otro sistema estadístico, sino concentrar y comparar los datos disponibles. Los informes incluirían indicadores sobre empleo formal, informalidad, productividad laboral, salarios y promedio de horas efectivamente trabajadas. Cuando la información lo permita, también deberán presentar resultados desagregados por sector económico.
La base de comparación es especialmente relevante porque el cambio será escalonado. Según la Ley Federal del Trabajo, la jornada máxima bajará de 48 a 46 horas en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029 y finalmente a 40 horas en 2030.
La informalidad será uno de los grandes indicadores
Los datos más recientes del INEGI muestran por qué no bastará con revisar únicamente a los empleos formales. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó que en julio de 2026 había 60.8 millones de personas ocupadas en México, pero 34.1 millones trabajaban en la informalidad. Eso equivale a una tasa de informalidad laboral de 56.2%, ligeramente superior al 56.1% registrado un año antes.
Además, 38.9% de la población ocupada se encontraba en condiciones críticas de ocupación, indicador que considera elementos como ingresos y tiempo de trabajo. Las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa muestran otra dimensión del problema. Durante el primer trimestre de 2026, la economía informal generó 16.3 millones de puestos remunerados, 0.4% más que un año antes. Su valor agregado bruto aumentó 2% y las remuneraciones crecieron 5.3%.
Es decir, una parte considerable del mercado laboral podría quedar fuera de los mecanismos directos de control de la reforma, aunque seguirá influyendo en los indicadores nacionales.
Los relojes checadores serán parte de la medición
En Xataka México ya contamos que, a partir de 2027, las empresas alcanzadas por la nueva regulación deberán registrar electrónicamente el inicio y final de la jornada de cada trabajador. La STPS todavía deberá definir mediante disposiciones generales quiénes estarán obligados y qué excepciones existirán.
Ese registro puede convertirse en una fuente importante para conocer cuántas horas se trabajan realmente. La ley también permite que la autoridad solicite la información y contempla multas de 250 a 5,000 UMA para los empleadores obligados que incumplan. La propuesta plantea entrar en vigor el 1 de enero de 2027. El primer informe tendría que publicarse dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre del primer trimestre.
Imagen de Portada | Pexels
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