La Suprema Corte rechazó el amparo promovido por Google y validó el plazo legal para entregar información en investigaciones de competencia económica.
La batalla legal de Google contra las autoridades de competencia en México acaba de recibir un golpe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó en X la constitucionalidad de una de las reglas clave de las investigaciones antimonopolio y con ello, dejó firme una multa que actualmente asciende a 2.3 millones de pesos impuesta a la tecnológica por no entregar información dentro de los plazos establecidos.
La resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la SCJN al resolver el Amparo en Revisión 135/2026, un caso derivado de una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos para aplicaciones móviles y contenido digital, según el comunicado de la Corte.
El origen de la multa
De acuerdo con la sentencia, el procedimiento se remonta al 30 de septiembre de 2022, cuando la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación para indagar posibles prácticas monopólicas relativas en ese mercado. Durante la pesquisa, la autoridad solicitó información a la empresa al considerar que podía aportar datos relevantes para esclarecer los hechos.
Posteriormente, la autoridad concluyó que Google no había cumplido totalmente con los requerimientos. Por ello, el 22 de mayo de 2025 hizo efectivo un apercibimiento e impuso una multa como medida de apremio. Más tarde, el 10 de junio de ese mismo año, cuantificó la sanción diaria por incumplimiento. Según reportes de Excélsior y Expansión, la multa acumulada alcanzó 2 millones 340 mil 979.74 pesos después de que la empresa solicitara una ampliación adicional del plazo para entregar la información requerida y esta fuera rechazada.
La discusión llegó hasta la Suprema Corte
El centro de la disputa no era únicamente la multa. Google argumentó que el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica es inconstitucional porque establece un plazo fijo de 10 días para responder requerimientos de información, con posibilidad de una sola prórroga de hasta otros 10 días.
La empresa sostuvo que esa regla no toma en cuenta situaciones donde la información solicitada sea especialmente voluminosa o compleja. En el amparo incluso señaló que algunos requerimientos pueden implicar procesar grandes cantidades de datos o incluso generar información que no existe en la forma requerida por la autoridad.
Sin embargo, la SCJN concluyó que el plazo sí es constitucional. El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo determinó que la norma persigue una finalidad legítima, y es permitir que el Estado investigue y sancione prácticas monopólicas de manera eficaz, en cumplimiento del artículo 28 constitucional. La Corte consideró además que permitir prórrogas indefinidas podría afectar la efectividad de las investigaciones, pues vaciaría de contenido los periodos legales establecidos para integrar los expedientes.
Aunque la SCJN rechazó los argumentos de inconstitucionalidad de Google, la resolución no significa necesariamente el cierre definitivo de la controversia. La propia Corte precisó que una norma válida puede ser aplicada de forma arbitraria en casos concretos y señaló que todavía corresponde a un Tribunal Colegiado analizar los aspectos de legalidad relacionados con la multa específica y con la forma en que la autoridad realizó el requerimiento de información.
En otras palabras, la discusión sobre si la sanción fue correctamente impuesta seguirá su curso en otra instancia judicial.
Otro frente regulatorio para Google en México
Este caso llega en un momento especialmente delicado para Google en el país. Como reportamos anteriormente en Xataka México, la compañía también enfrenta una investigación iniciada por Cofece en 2020 relacionada con posibles prácticas monopólicas en el mercado de publicidad digital.
De acuerdo con información publicada en 2025 por Reuters, la empresa incluso podía enfrentar una sanción equivalente a hasta el 8% de sus ingresos en México, una cifra que habría representado la multa más alta en la historia del regulador mexicano.
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