La SCJN analizará la constitucionalidad de prohibir alimentos con sellos de advertencia en universidades, frente al derecho a la salud y la libertad de los estudiantes adultos.
La prohibición de vender comida chatarra en las escuelas mexicanas ahora tiene una pregunta distinta ¿Qué sucede cuando los estudiantes son adultos?. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar un caso sobre alimentos con sellos de advertencia en universidades, donde la protección de la salud deberá analizarse frente al libre desarrollo de la personalidad.
Según un reporte de Animal Político, el Pleno aprobó por seis votos contra tres reasumir competencia en el asunto 138/2026, relacionado con el amparo en revisión 762/2025. La decisión permite estudiar el expediente: todavía no significa que la Corte haya invalidado la prohibición ni autorizado nuevamente la venta de estos productos.
La diferencia está en quién reclama y quién compra
El caso fue presentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Su relevancia está en determinar si las restricciones son constitucionales en instituciones de educación superior, al considerar el derecho a la salud, la libertad de comercio de los planteles y las decisiones personales del alumnado.
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía explicó, de acuerdo con Animal Político, que primero deberá revisarse si las universidades privadas tienen interés legítimo para impugnar los lineamientos. Si lo acreditan, podrá analizarse la justificación de las medidas para una comunidad integrada principalmente por mayores de edad.
Además, existe una diferencia respecto de otros litigios, aquí reclama una institución educativa, que plantea posibles efectos sobre los derechos de sus estudiantes. La discusión, por tanto, rebasa los intereses de proveedores que quieren recuperar un espacio de venta.
La regla incluye universidades, no solamente primarias
Los lineamientos publicados en el DOF en 2024 abarcan todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, públicas y particulares, incluida la educación superior. Restringen la preparación, distribución y expendio de productos preenvasados con sellos o leyendas precautorias, además de otras categorías alimentarias.
Su alcance incluye productos a granel y preparaciones caseras con determinados ingredientes en exceso. El debate se refiere a la oferta dentro de los planteles, no a una prohibición general de comprar esos alimentos fuera de ellos.
La reforma educativa publicada el 20 de diciembre de 2023 estableció que la SEP emitiría criterios para los alimentos dentro de toda escuela. También asignó responsabilidades de aplicación y vigilancia a directivos y autoridades escolares.
Por su parte, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible distingue entre niveles: contempla promover prohibiciones en educación básica y dispone que las instituciones de media superior y superior fomenten alimentos adecuados, preferentemente locales y accesibles. También incorpora el respeto a la autonomía universitaria.
Una política que ya acumula batallas judiciales
En su Boletín del 28 de marzo de 2025, la SEP recordó que los lineamientos comenzarían a aplicarse al día siguiente y pidió informar a quienes venden alimentos. Como reportamos entonces, la medida transformó la oferta de las cooperativas escolares. Después, contamos que la SEP reportó 26 sentencias favorables durante 2025. También documentamos el litigio relacionado con Coca-Cola, cuyo expediente fue propuesto para revisión de la Corte.
Los antecedentes requieren cuidado, pues en una aclaración publicada por La Jornada, el Cinvestav negó haber promovido acciones legales, aunque el reportero señaló que un proyecto judicial mencionaba una entidad con ese nombre. Ahora, la Corte revisará un problema específico: hasta dónde puede llegar esta regulación cuando sus destinatarios son universitarios adultos.
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