Valeria Romero
EditoraValeria Romero Guevara es periodista y creadora de contenido especializada en tecnología, negocios y cultura digital. Egresada de la UNAM, con más de seis años de experiencia analizando cómo los avances tecnológicos impactan la vida cotidiana, desde la inteligencia artificial hasta los smartphones que marcan tendencia. Disfruta del cine de terror y ama a los animales. Siempre trae un gadget en la bolsa, lista para descubrir y contar la próxima innovación.
México instaló miles de cámaras con la promesa de combatir la inseguridad. Gobiernos estatales, municipales y ciudadanos llenaron calles, avenidas y colonias con sistemas de videovigilancia bajo la idea de que más ojos significaban más seguridad. Sin embargo, detrás de esa expansión apareció otro fenómeno mucho más difícil de controlar: redes clandestinas de cámaras operadas fuera de cualquier sistema oficial y, en muchos casos, vinculadas con grupos criminales.
En los últimos meses, autoridades federales y estatales han retirado cientos de dispositivos instalados ilegalmente en postes de luz, estructuras de telecomunicaciones y espacios públicos de estados como Tamaulipas, Estado de México, Tabasco, Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí.
El problema ya no parece aislado. Estas cámaras “parásitas” comenzaron a revelar una infraestructura paralela de vigilancia y espionaje capaz de monitorear operativos policiacos, rutas operativas e incluso actividades cotidianas de la población.
De acuerdo con reportes de La Jornada y Reforma, los operativos recientes permitieron asegurar más de 2,300 cámaras clandestinas distribuidas en distintas entidades del país. En algunos casos también fueron encontrados centros de monitoreo improvisados con acceso en tiempo real a sistemas de vigilancia colocados en zonas estratégicas.
México batalla con una red de cámaras ilegales y ya nadie sabe quién está vigilando
Uno de los casos más recientes ocurrió en Tamaulipas, donde la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó el desmantelamiento de alrededor de 280 cámaras irregulares colocadas fuera de la red oficial de monitoreo. Durante el mes de abril, en Ecatepec, la Secretaría de Marina participó en operativos para retirar más de 250 dispositivos presuntamente utilizados por grupos criminales para vigilar movimientos de autoridades.
El patrón se repite en distintas entidades. En Tabasco, el operativo “Halcón Ciego” permitió retirar al menos 50 cámaras usadas para monitorear patrullajes y actividades policiacas. Mientras tanto, en Sinaloa y Campeche también fueron detectados sistemas similares conectados a estructuras urbanas y redes clandestinas de vigilancia.
Lo que preocupa a las autoridades es que estas cámaras ya no funcionan únicamente como herramientas improvisadas de espionaje. En varios casos forman parte de redes organizadas con centros de monitoreo, conexiones inalámbricas y personal encargado de seguir movimientos en tiempo real.
El crimen organizado ya tiene su propio “C5” en las calles de México
La expansión de estas redes refleja cómo la tecnología dejó de ser exclusiva de gobiernos y empresas. De acuerdo con autoridades citadas por La Jornada, algunos grupos criminales utilizan estas cámaras para detectar operativos, seguir patrullajes, ubicar posibles víctimas y coordinar delitos como robo de vehículos, extorsión o narcobloqueos.
El problema también exhibe un vacío regulatorio. En México, la instalación de cámaras privadas no requiere permisos específicos en muchos casos, especialmente cuando son colocadas por particulares en viviendas o negocios. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que las leyes actuales no establecen reglas claras sobre límites de grabación, almacenamiento de datos ni supervisión del uso de estos sistemas.
Eso provoca una línea cada vez más difusa entre vigilancia ciudadana, monitoreo privado y espionaje criminal. En algunos operativos, incluso autoridades devolvieron cámaras a vecinos tras comprobar que no estaban vinculadas con actividades ilícitas, mientras otras quedaron aseguradas por carecer de permisos o estar conectadas ilegalmente a infraestructura pública.
México tiene más cámaras, pero eso no necesariamente significa más seguridad
Mientras crece el número de cámaras en ciudades mexicanas, los niveles de violencia e impunidad siguen siendo elevados. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos en el país, una cifra superior a la de 2023. El propio INEGI estima que 93.2% de esos delitos no se denunciaron o no derivaron en una carpeta de investigación.
La Ciudad de México cuenta con más de 83,000 cámaras del C5, pero tampoco logró evitar crímenes de alto impacto registrados frente a sistemas de monitoreo urbano. No obstante, la red seguirá creciendo: el gobierno capitalino proyecta alcanzar 150,000 cámaras conectadas al C5 para 2030, una cifra con la que busca convertir a la capital en la ciudad más videovigilada de América Latina.
Por ahora, continúan los operativos para desmontar cámaras clandestinas en distintos estados. Sin embargo, el crecimiento de estas redes abrió una nueva duda sobre la videovigilancia en México: cada vez hay más cámaras en las calles, pero ya no está claro quién observa realmente detrás de ellas, si las autoridades o los criminales.
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