Las tienditas pueden cobrar con tarjeta y QR en México, pero eso no significa que les convenga dejar el efectivo

Cobrar con tarjeta, transferencia o código QR ya no es algo reservado para las grandes empresas. Cada vez más pequeños negocios y tienditas en México tienen acceso a estas alternativas, pero tener la tecnología disponible no significa que estén listos para depender menos del efectivo. La seguridad se está convirtiendo en una condición para dar el siguiente paso.

El problema no se limita al miedo de sufrir un fraude. Las tienditas y otros pequeños negocios también necesitan saber cómo prevenirlo, recibir información sobre nuevas amenazas y contar con respaldo si algo sale mal. Estas necesidades cobran mayor relevancia mientras México busca acelerar la adopción de pagos digitales y reducir gradualmente el uso de efectivo.

Esto necesitan las tienditas en México para confiar más en los pagos digitales

Los datos del estudio Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook permiten aterrizar qué hace falta para avanzar. Entre las pymes mexicanas encuestadas, 49% quiere tener acceso a herramientas para prevenir el fraude, mientras que 50% considera importante contar con apoyo para recuperarse después de un incidente de ciberseguridad.

La prevención no es la única demanda. El 38% quiere recibir alertas y actualizaciones periódicas sobre amenazas o estafas, mientras que 32% busca capacitación práctica u orientación para saber cómo proteger su negocio. En conjunto, las respuestas muestran que la transición hacia los pagos digitales también requiere acompañamiento antes, durante y después de un posible incidente.

La confianza de los clientes también entra en la ecuación. El 78% de las pymes reconoce que los problemas de ciberseguridad afectan de alguna manera la confianza de sus consumidores. Para un pequeño comercio, esto significa que un fraude o una falla de seguridad no solo puede representar una pérdida económica, también puede hacer que sus clientes desconfíen de pagar con tarjeta, transferencia u otros medios digitales.

Así, el desafío para depender menos del efectivo no pasa únicamente por tener una terminal o colocar un código QR en el mostrador. Los propios negocios están solicitando mejores herramientas para prevenir fraudes, respaldo para recuperarse, información sobre nuevas amenazas y capacitación para enfrentarlas.

México quiere más pagos digitales, pero también tendrá que garantizar su seguridad

La seguridad también aparece en la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada ante la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2026. La propuesta busca extender el uso de los pagos con el celular en México, pero también contempla reglas para proteger la infraestructura que hará posible esos cobros.

De acuerdo con la iniciativa, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrían que establecer especificaciones técnicas, operativas, de ciberseguridad y de interoperabilidad para los dispositivos y la infraestructura de cobro. Esto incluye las terminales punto de venta y los sistemas basados en códigos QR, como CoDi.

La seguridad también entra en juego al momento de identificar a los usuarios. La propuesta contempla utilizar la CURP Digital para contratar servicios financieros a distancia y el Expediente Digital Ciudadano para consultar documentos e información cuando el usuario lo apruebe. Estos mecanismos estarían vinculados con el consentimiento del titular y las reglas de protección de datos personales.

La iniciativa incluso contempla qué sucedería si los sistemas dejan de funcionar. Cuando una situación extraordinaria impida temporalmente recibir pagos digitales, se permitiría utilizar efectivo o cheque mientras dure la contingencia, de modo que los comercios tengan una alternativa para seguir cobrando.

Sin embargo, proteger la infraestructura es solo una parte del desafío. En la práctica, las tienditas también necesitarán capacitación para prevenir fraudes, reconocer posibles amenazas y saber cómo actuar ante un incidente, especialmente si una parte cada vez mayor de sus ventas comienza a depender de los pagos digitales.

La informalidad en México explica por qué algunos negocios todavía prefieren el efectivo

La seguridad no es la única razón por la que algunos pequeños negocios se resisten a dejar el efectivo. De acuerdo con La Jornada, directivos de HSBC y Grupo Financiero Mifel advirtieron que el temor a una mayor vigilancia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) también frena la adopción de pagos digitales, en un país donde alrededor de 50% de la economía opera en la informalidad.

Para un negocio que opera total o parcialmente en la informalidad, cobrar con tarjeta o transferencia significa que sus ingresos dejan una huella dentro del sistema financiero. Esto puede implicar regularizarse, declarar esos ingresos y pagar los impuestos correspondientes, una de las razones por las que algunos comercios todavía prefieren el efectivo.

Como tal, la Ley de Economía Digital no otorga nuevas facultades de fiscalización al SAT, pero la digitalización sí puede aumentar la trazabilidad de las operaciones. Las autoridades han insistido en que el objetivo de la iniciativa es impulsar la inclusión financiera y facilitar los pagos, no crear nuevas reglas fiscales.

Esa misma trazabilidad puede tener beneficios. Registrar más ventas permite a las tienditas construir un historial financiero que puede facilitar su acceso al crédito y, desde la perspectiva de las autoridades, reducir el uso de efectivo también puede contribuir a combatir la evasión y el lavado de dinero asociado con actividades ilícitas.

Sin embargo, la aversión al pago de impuestos no puede explicarse únicamente por la informalidad. También existe un problema de confianza en las instituciones y en el destino de los recursos públicos: cuando la corrupción, el desvío o el uso ineficiente del dinero impiden que la recaudación se traduzca de manera visible en mejores servicios, infraestructura y condiciones para la ciudadanía, resulta más difícil construir una cultura de cumplimiento fiscal. Formalizar a los pequeños negocios implica exigir que contribuyan, pero también que el Estado pueda demostrar qué hace con esas contribuciones.

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