
Una obra que prometía fortalecer el campo mexicano esta causando protestas y tensiones por su potencial impacto ambiental.
La construcción de una planta de amoníaco en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, volvió al centro de la conversación pública después de que en redes sociales circularan videos sobre el traslado de enormes estructuras industriales hacia la Bahía de Ohuira, así como denuncias de habitantes por interrupciones temporales de electricidad y agua durante las maniobras logísticas. Aunque el tema parece reciente, el conflicto lleva más de diez años acumulando litigios, protestas y desacuerdos entre comunidades, autoridades y sector privado.
El proyecto, encabezado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman, comenzó sus trámites desde 2013 con la promesa de fortalecer el suministro de fertilizantes en uno de los estados agrícolas más importantes del país. Sin embargo, la ubicación de la planta —en una región cercana a la Bahía de Ohuira, un ecosistema de alto valor ecológico y pesquero— convirtió la iniciativa en uno de los debates socioambientales más complejos del noroeste de México.
Mientras productores agrícolas consideran la planta una infraestructura estratégica para reducir la dependencia de importaciones de amoníaco y garantizar insumos para el campo, pescadores, comunidades indígenas y colectivos ambientalistas sostienen que el avance del proyecto podría alterar actividades económicas locales y afectar un ecosistema donde convergen manglares, biodiversidad marina y actividades como la pesca.
La planta de Topolobampo con la que México busca asegurar fertilizantes para el campo
El proyecto de GPO contempla la producción de alrededor de 2,200 toneladas diarias de amoníaco, un compuesto utilizado principalmente para fabricar fertilizantes, aunque también tiene aplicaciones en industrias farmacéuticas, energéticas y manufactureras.
Para Sinaloa, donde la agricultura es una de las principales actividades económicas, garantizar el suministro de fertilizantes se ha convertido en un asunto estratégico. Cada ciclo agrícola requiere miles de toneladas de insumos para atender cerca de 900 mil hectáreas cultivables, por lo que asegurar el abastecimiento de amoniaco es clave para mantener la productividad del campo.
Ese es justamente el argumento detrás del respaldo que recientemente expresaron productores agrícolas, organismos del campo y representantes del sector agropecuario del estado. Durante una reunión encabezada por el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, líderes agrícolas defendieron la planta al considerar que permitirá reducir costos logísticos, disminuir la dependencia de importaciones y garantizar el abasto de fertilizantes.
Además, señalaron que en años recientes México ha enfrentado dificultades para asegurar el suministro de amoniaco, situación que ha elevado costos y aumentado la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales en cadenas de suministro.
“Para un estado con vocación agrícola como Sinaloa, contar con una planta que garantice el suministro de uno de los principales insumos para la producción de alimentos representa una oportunidad para construir un campo más fuerte”
expresaron representantes del sector.
No solo es amoníaco: Topolobampo también albergará una megaplanta de metanol limpio
El interés industrial en Topolobampo tampoco se limita a la planta de amoniaco. Como reportamos previamente en Xataka México, la región también fue elegida para albergar Pacifico Mexinol, un megaproyecto de la empresa estadounidense Transition Industries que busca convertirse en la planta de metanol de ultrabajas emisiones más grande del mundo.
La iniciativa, valuada en alrededor de 3,300 millones de dólares, contempla producir metanol azul y metanol verde para exportación, con el respaldo de un acuerdo firmado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de gas natural. Incluso, la japonesa Mitsubishi Gas Chemical ya apartó cerca del 50% de la producción futura del complejo.
La coincidencia de ambos proyectos ayuda a explicar por qué Topolobampo comenzó a perfilarse como un nodo estratégico para industrias químicas y energéticas vinculadas a exportación, fertilizantes y combustibles de menores emisiones.
Sin embargo, esta transformación industrial también ha incrementado las preocupaciones sobre el impacto ambiental acumulado de megaproyectos en una región cuya economía históricamente ha dependido de la pesca y de los ecosistemas costeros.
La Suprema Corte intervino, pero el conflicto por la planta de amoníaco sigue en Topolobampo
La discusión sobre la planta nunca se limitó únicamente a su utilidad para el campo. El principal punto de tensión ha sido el lugar donde se construye: una zona cercana a la Bahía de Ohuira, un ecosistema lagunar costero donde conviven manglares, especies marinas, aves migratorias y comunidades cuya economía depende de la pesca.
El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que el proyecto debía someterse a una consulta indígena al pueblo Mayo-Yoreme, al considerar que comunidades potencialmente afectadas no habían sido consultadas previamente.
Como resultado, entre mayo y septiembre de 2022 se realizó un nuevo proceso consultivo coordinado por autoridades federales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), once comunidades dieron su consentimiento al proyecto, mientras que poblaciones más cercanas a la bahía —como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas— expresaron rechazo por preocupaciones relacionadas con la pesca, biodiversidad y cambios al ecosistema.
Posteriormente, tribunales federales consideraron legalmente cumplido el proceso, permitiendo que la obra continuara. Aun así, colectivos ambientales y habitantes de la región sostienen que el debate sigue abierto debido a posibles impactos negativos sobre la bahía.
Entre las preocupaciones más recurrentes está el uso de agua marina para la operación de la planta. De acuerdo con información del pro|yecto retomada por Milenio, la infraestructura requeriría más de 2,000 metros cúbicos de agua por hora, misma que sería devuelta al mar con cambios de temperatura y salinidad, algo que opositores consideran un posible riesgo para especies pesqueras como el camarón.
GPO, por su parte, ha sostenido que el proyecto opera bajo supervisión ambiental y asegura que existen programas de monitoreo para proteger manglares, fauna marina y aves migratorias.
Mahahual mostró que la presión social sí puede influir
El caso de Topolobampo también ocurre en un momento donde los conflictos ambientales han comenzado a ganar mayor visibilidad pública. Hace apenas unos días, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, confirmó que el proyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, fue frenado tras semanas de cuestionamientos por sus posibles impactos en arrecifes, manglares y fauna marina.
La decisión llegó después de una creciente presión de organizaciones civiles, activistas, habitantes de la región y una intensa conversación en redes sociales que terminó amplificando el tema en medios nacionales. El caso se convirtió en un ejemplo reciente de cómo la presión pública y mediática puede modificar el rumbo de megaproyectos con posibles efectos ambientales.
El caso de Topolobampo también comenzó a ganar visibilidad fuera de Sinaloa y en redes sociales. Parte de esa conversación estuvo impulsada por creadores de contenido que comenzaron a hablar del tema, entre ellos Daniela Rodrice, quien alertó sobre posibles afectaciones a la Bahía de Ohuira y al hábitat de especies emblemáticas de la región, entre ellas El Pechocho, el delfín nariz de botella que se ha convertido en un símbolo turístico y cultural de la comunidad.
Sheinbaum defiende consulta sobre la planta en Topolobampo, mientras comunidades se oponen
La discusión incluso llegó nuevamente a Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina del 25 de mayo, el periodista Julio Astillero cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las denuncias de comunidades y colectivos de la Bahía de Ohuira que mantienen su rechazo al proyecto de GPO.
Astillero señaló presuntos incumplimientos en mesas de diálogo prometidas por autoridades federales, incluida una visita de la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, que —según dijo— no se concretó. También sostuvo que las comunidades directamente afectadas continúan manifestando oposición al proyecto y advirtió que el conflicto podría escalar a instancias internacionales.
Como parte de sus cuestionamientos, el periodista recordó que en septiembre de 2025, 11 relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron públicas cartas enviadas a empresas, bancos e instituciones vinculadas al financiamiento de la planta, donde alertaron sobre posibles riesgos socioambientales, afectaciones a derechos indígenas y preocupaciones relacionadas con biodiversidad, pesca y acceso al territorio en la Bahía de Ohuira.
Ante ello, Sheinbaum defendió que el proyecto ha pasado por procesos de consulta y evaluación ambiental, aunque reconoció la necesidad de mantener el diálogo con quienes aún mantienen objeciones.
“No comparto la idea de que el gobierno esté contra las comunidades o que nunca hayan sido tomadas en cuenta. Hubo consulta pública, estudios de impacto ambiental y se ha dialogado; si Alicia Bárcena se comprometió a ir, tiene que ir y hablar con las comunidades”
afirmó la mandataria.
Por ahora, la planta de amoníaco en Topolobampo sigue avanzando bajo permisos vigentes y con respaldo de parte del sector agrícola y autoridades. Sin embargo, mientras comunidades indígenas, pescadores y habitantes mantienen protestas e incluso un plantón contra la obra, el conflicto permanece lejos de resolverse.
Más de diez años después del inicio del proyecto, Topolobampo terminó convertido en un caso que resume uno de los dilemas más complejos para México: cómo impulsar inversiones industriales estratégicas sin profundizar tensiones con comunidades y el deterioro en ecosistemas naturales.
Imagen | Google Nano Banana/IG @edendusk
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