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La Suprema Corte de Justicia en México analiza una iniciativa para que los funcionarios públicos no bloqueen usuarios en Twitter

La Suprema Corte de Justicia en México analiza una iniciativa para que los funcionarios públicos no bloqueen usuarios en Twitter
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La Suprema Corte de Justicia entrará en discusión el miércoles por un proyecto de sentencia que busca prohibir que los funcionarios públicos no puedan bloquear el acceso a sus cuentas de Twitter a cualquier persona que pueda resultar incomoda.

Aunque existe una excepción, los funcionarios sí podrán bloquear usuarios en el caso que consideren que exista un comportamiento abusivo que pueda justificar el acto. Lo interesante es que la propuesta viene por el periodista Miguel Ángel León Carmona, que en octubre de 2017 fue bloqueado por el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler.

Buscan favorecer el derecho a la información

En caso que el amparo sea avalado, se obligará al funcionario que le quite el bloqueo para que pueda tener acceso a la información pública. Un detalle importante es que el amparo lo obligará a permitir el acceso aunque deje el cargo, ya que seguirá siendo una persona pública.

El proyecto menciona en el caso que la autoridad responsable no acate lo ordenado, el juez de distrito podrá solicitar directamente con un representante de Twitter en México, que le quiten en bloqueo al usuario en cuestión.

“Para el supuesto de que la autoridad responsable no acate lo ordenado en la presente ejecutoria, el juez de distrito podrá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. Entre esas medidas, requerir directamente a la red social Twitter, a través de su representación social en México, con el fin de que sea ésta la encargada de quitar de manera permanente el bloqueo.”

El Ministro Eduardo Medina Mora, propone algunos “parámetros orientativos” para aclarar cuándo se pueda justificar el bloqueo de un usuario de Twitter, con la finalidad de prevalecer el interés público de acceso a la información sobre el derecho a la privacidad del funcionario.

Señala que al ser un funcionario público, el derecho a la intimidad se ve “desdibujado” para favorecer el derecho a la información, ya que su desempeño en su gestión se someten a un fuerte nivel de escrutinio por parte de los medios de comunicación.

El 20 de marzo se podría definir el proyecto de sentencia.

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