MartinPixel
Coordinador Editorial SeniorHe jugado videojuegos desde que tengo memoria, apasionado de la tecnología y desde hace poco del comercio electrónico y los servicios de streaming. Soy un afortunado por ser parte del equipo de Xataka México y siempre dedico mi máximo esfuerzo en todas las publicaciones del sitio.
El software de oficina se ha vuelto tan cotidiano que rara vez reparamos en todo lo que sostiene: plantillas predeterminadas, formatos compartidos y hábitos de trabajo profundamente arraigados tras décadas de uso. Por eso, cuando una entidad pública decide romper con ese estándar, la teoría suele chocar de frente con la práctica cotidiana. Eso fue justo lo que experimentó el gobierno de Dinamarca al intentar desprenderse de las herramientas de Microsoft.
La iniciativa arrancó formalmente como una prueba, iniciada el 19 de junio de 2025, en el entonces Ministerio de Digitalización danés. En ese momento, un grupo de 38 empleados comenzó a editar textos y hojas de cálculo a través de un módulo sustentado en Collabora, la suite ofimática de código abierto basada en LibreOffice. El software se integró directamente en F2, la plataforma de gestión de expedientes desarrollada por la empresa cBrain, con la misión de comprobar si los flujos habituales de trabajo podían mantenerse intactos sin recurrir a licencias privativas.
Detrás de este movimiento no había una inconformidad técnica con Word o Excel, sino una estrategia política de soberanía digital. La entonces ministra Caroline Stage buscaba recortar la dependencia que las dependencias públicas tienen respecto a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Su plan original no era modesto: pretendía avanzar hacia una sustitución más amplia de Microsoft Office en todo el ministerio antes de que concluyera 2025.
Sin embargo, el despliegue técnico no tardó en toparse con la realidad de los archivos diarios. Documentos internos y correos electrónicos obtenidos por el medio danés Ingeniøren y descritos por TechSpot revelaron que los usuarios sufrieron fallas constantes en el diseño y la maquetación. Por ejemplo, una plantilla oficial requería la tipografía Georgia, ausente en un principio dentro del sistema. Además, se reportaron saltos de página erráticos, textos que se ponían en negritas sin intervención del usuario e incluso archivos que se abrían completamente en blanco; errores que paralizan la revisión de acuerdos e informes gubernamentales.
Entre tropiezos de compatibilidad y el calendario político, el plan perdió fuerza. Aunque el grupo siguió utilizando Collabora durante los primeros meses de 2026, la convocatoria de elecciones y la posterior reestructuración ministerial terminaron por sepultar el proyecto. Según recoge TechSpot, la herramienta fue retirada por completo y no existen intenciones oficiales de retomarla. De hecho, la revisión que debía medir los resultados del piloto en octubre de 2025 quedó en el limbo: un portavoz del ministerio confirmó posteriormente que no llegó a realizarse.
A pesar de este revés, el sector público de Dinamarca no ha cerrado la puerta al código abierto. Desde diciembre de 2025, la Autoridad de Seguridad Vial colabora en SIA Open, un proyecto distinto impulsado por Statens IT para construir un entorno laboral íntegramente sustentado en tecnologías libres, con planes de sumar más personal a los menos de diez trabajadores que lo utilizaban en octubre de 2026. Al mismo tiempo, la Agencia de Gobierno Digital confirmó que se han asignado 80 millones de coronas para un plan de soberanía digital entre 2026 y 2029.
Imagen destacada | Ed Hardie
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