México ha aprobado ya cinco vacunas contra COVID, por lo cual se espera la recepción masiva de dosis en las próximas semanas. El proceso de aplicación se llevará a cargo conforme al Plan Nacional de Vacunación, pero debido a los casos de abuso de poder que se han reportado, el PAN ha propuesto tomar medidas acordes a las faltas.
La diputada Anna Sarahí Gómez Cárdenas del Partido Acción Nacional ha presentado una iniciativa que propone castigos de hasta cuatro años de cárcel para los funcionarios públicos que, abusando de su poder y cargo, tengan acceso de manera anticipada a la vacuna contra COVID-19, ya sea para uso personal o de terceros.
La propuesta se ha sometido a consideración en la Gaceta Parlamentaria del jueves 4 de febrero, y describe que debido a reportes de que funcionarios de Coahuila y Estado de México habrían abusado de su poder para inocularse y a personal externo al descrito por el plan de vacunación, es necesario reformar el Código Penal para castigar a quienes incurran en estas prácticas.
La iniciativa propone adiciones al artículo 215 del Código Penal Federal bajo los títulos de "Delitos por Hechos de Corrupción" y "Abuso de autoridad", con castigos de uno a cuatro años de cárcel, y "destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar otro cargo público". Además, las sanciones se podrán duplicar cuando las prácticas ilegales descrita se realicen en período de "emergencia sanitaria", aunque no se especifica a qué se refiere con esta situación.
Es importante notar que la propuesta de la diputada es eso, una propuesta que aún necesita atravesar por muchos pasos antes de ser votada y aprobada, o no. En caso positivo, entraría en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Federación.
El Plan de Vacunación Nacional actualmente está en etapa de inoculación del personal de salud restante y personas mayores de 60 años, período que se prevé hasta abril, cuando comenzará la vacunación de personas de 50 a 59 años, y así sucesivamente.
Portada - Pexels
