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Senadores buscan reducir actos de tortura instalando GPS en cuerpos policiacos

Senadores buscan reducir actos de tortura instalando GPS en cuerpos policiacos
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En las últimas semanas se han difundido casos donde las autoridades realizan actos de tortura, privación de la libertad e incluso actos considerados como degradantes frente a personas que son detenidas por ser sospechosas de un delito.

Buscando reducir estos actos es que el Senado ha aprobado de manera unánime la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradante, con el que castigará con hasta tres años de prisión a quienes incurran en estos actos.

La ley buscaría también castigar a los integrantes de los cuerpos policiacos y funcionarios públicos, sin importar su nivel, que de manera inhumana o degradante realicen ofensas verbales a los detenidos por algún delito.

Además se instalaran equipos de geolocalización para que las policías los activen cuando realicen alguna detención, con la finalidad de controlar los tiempos de traslado desde cuando es capturado el delincuente hasta el momento en que es presentado ante el ministerio publico.

El uso de GPS busca disminuir los actos de tortura cuando un delincuente sea capturado

Eso si, la legislación no considera aquellos actos de tortura, sufrimientos físicos o sicológicos causados por medidas legales o las inherentes o accidentales a éstas, así como aquellos que sean realizados por el uso legítimo de la fuerza.

Y para garantizar su cumplimiento se creará el Mecanismo Nacional de Prevención, que estará integrado por expertos independientes, que formarán parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar visitas e inspecciones, algunas sin previo aviso, a los centros de reclusión, incluidos los de tipo militar.

Al servidor público que en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días de multa”

Incluso a los expertos independientes de la CNDH se les concede el derecho a entrevistarse libremente con cualquier persona privada de la libertad o con el personal que labore en los lugares de privación de libertad, las ocasiones y el tiempo que sea necesario, en total privacidad, si así se requiere.

Vía | Excelsior

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