Un diputado asegura haber reunido más de 7,000 personas para un amparo colectivo mientras millones de usuarios siguen sin completar el trámite por desconfianza hacia el manejo de sus datos.
A menos de un mes de que concluya el plazo oficial para registrar las líneas celulares en México, la oposición al padrón telefónico obligatorio ya salió de las redes sociales y llegó a las plazas públicas. En Chihuahua, el diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez inició una campaña para promover amparos colectivos dirigidos a usuarios que no desean vincular su número telefónico con sus datos personales.
De acuerdo con información de El Sol de Parral, el legislador realizó un mitin en la Plaza Guillermo Baca, en Parral, donde convocó a ciudadanos interesados en sumarse a una acción legal contra el registro obligatorio de líneas telefónicas. Según explicó, el objetivo es reunir firmas para presentar amparos que permitan a los usuarios evitar el trámite sin enfrentar consecuencias como la cancelación de sus números.
Sánchez aseguró que la iniciativa federal representa una violación a la privacidad digital de los mexicanos. Durante el evento sostuvo que el mecanismo podría permitir al gobierno acceder a información relacionada con la ubicación de los usuarios, así como conocer detalles sobre sus llamadas y mensajes. Además, informó que la campaña ya suma más de 7,000 personas inscritas tanto en Chihuahua como en otras entidades del país.
La resistencia legal ya comenzó
La movilización encabezada por el diputado no es el único frente jurídico contra el registro obligatorio. Como informamos previamente en Xataka México, un ciudadano de Aguascalientes promovió uno de los primeros amparos indirectos para evitar la vinculación de sus líneas telefónicas con su identidad.
De acuerdo con documentos judiciales, el recurso fue presentado ante un juzgado federal con el argumento de que los lineamientos emitidos para el registro condicionan el acceso a servicios de telecomunicaciones y podrían afectar derechos relacionados con la privacidad, la protección de datos personales y la autodeterminación informativa.
Entre los argumentos presentados destaca el temor sobre la seguridad de la información recopilada durante el proceso. Como también reportamos, durante los primeros días de operación del padrón surgieron denuncias sobre una presunta exposición de datos de usuarios en sistemas asociados al registro, situación que alimentó las dudas sobre la capacidad de proteger bases de datos de gran escala.
El verdadero problema: millones todavía no se registran
La aparición de estos amparos coincide con otro desafío para las autoridades: el lento avance del registro. Como reportamos, cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones indicaban que al cierre de mayo apenas se habían registrado poco más de 52 millones de líneas móviles. Esto representa poco más de un tercio del universo total de líneas activas en el país, por lo que todavía quedan decenas de millones pendientes de completar el trámite.
Especialistas han advertido que alcanzar la meta original luce complicado. Desde el arranque del proceso se calculó que sería necesario registrar cientos de miles de líneas cada día para cumplir con el calendario establecido. Sin embargo, problemas técnicos, fallas en plataformas y la desconfianza de los usuarios han complicado el avance.
De hecho, datos de The Competitive Intelligence Unit citados previamente indican que siete de cada diez personas que aún no han registrado su línea señalan la desconfianza como la principal razón para no hacerlo.
Entre una posible prórroga y más amparos
Mientras persisten versiones sobre una eventual extensión del plazo oficial, la autoridad mantiene públicamente que el 30 de junio continúa siendo la fecha límite para completar el registro.
Sin embargo, la combinación de millones de líneas aún pendientes y la creciente organización de usuarios inconformes abre un nuevo frente para el padrón telefónico. Por un lado, el gobierno necesita acelerar el proceso para evitar una desconexión masiva. Por otro, cada vez más ciudadanos buscan que sean los tribunales quienes definan si la obligación de entregar datos personales para conservar una línea telefónica es compatible con los derechos de privacidad y protección de datos. Por ahora, el registro sigue avanzando. Pero también lo hacen los amparos.
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