A menos de un mes de que concluya el plazo para registrar líneas móviles en México, el proceso ya enfrenta su primer desafío en tribunales. Un ciudadano de Aguascalientes promovió un amparo indirecto para evitar la vinculación obligatoria de dos números telefónicos a su identidad, en lo que representa uno de los primeros recursos legales contra una de las medidas regulatorias más polémicas de los últimos años.
De acuerdo con información de Expansión, el recurso fue presentado el 10 de febrero e ingresó un día después al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. El objetivo es impedir que las líneas telefónicas del promovente queden sujetas al nuevo esquema de registro obligatorio que exige la entrega de datos personales y biométricos para conservar el servicio.
La identidad del ciudadano permanece reservada. Sin embargo, los argumentos expuestos en el amparo reflejan preocupaciones que han acompañado al registro desde su entrada en vigor el pasado 9 de enero como la protección de datos personales, la privacidad y el acceso a las telecomunicaciones.
El temor por los datos personales llega a los tribunales
Según los documentos consultados por Expansión, el ciudadano sostiene que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones y no garantizan adecuadamente la protección de derechos fundamentales.
En el recurso, argumenta que antes de la implementación del registro obligatorio podía ejercer plenamente derechos relacionados con la vida privada, la autodeterminación informativa y la protección de datos personales. Ahora, sostiene, debe proporcionar información sensible para mantener activas sus líneas telefónicas.
La preocupación no surge en el vacío. Durante las primeras horas de operación del padrón se reportó una filtración masiva de información vinculada con usuarios de Telcel, situación que incrementó las dudas sobre la capacidad de autoridades y empresas para resguardar bases de datos de gran escala. En el documento judicial, el ciudadano afirma tener un “temor fundado” de que el Estado no pueda garantizar la seguridad de los datos personales entregados durante el proceso de registro.
Un caso individual que podría abrir más litigios
El amparo solicita que el juzgado revise la constitucionalidad de las disposiciones que sustentan el registro obligatorio. Aunque una eventual resolución favorable únicamente beneficiaría al promovente, especialistas consideran que este tipo de recursos podrían convertirse en el inicio de una batalla jurídica más amplia.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, señaló a Expansión que existe incertidumbre jurídica sobre los alcances de los lineamientos emitidos por la CRT y su posible impacto sobre derechos constitucionales.
De acuerdo con el especialista, la reforma judicial modificó la forma en que se generan precedentes. Esto significa que futuras resoluciones de tribunales superiores podrían terminar definiendo los límites legales del registro telefónico obligatorio y su compatibilidad con derechos relacionados con la privacidad y la protección de datos.
El registro sigue avanzando, pero lentamente
La aparición de este primer amparo coincide con un contexto complicado para el padrón telefónico. Según cifras oficiales citadas por Expansión, hasta el 1 de junio se habían vinculado 52.3 millones de líneas móviles, equivalentes al 32.5% de las aproximadamente 160 millones existentes en el país.
Como reportamos previamente en Xataka México, consultoras como The Competitive Intelligence Unit (The CIU) han advertido que el ritmo de registro continúa muy por debajo de lo necesario para cumplir la meta original. Incluso han alertado sobre posibles afectaciones económicas si millones de líneas terminan suspendidas al concluir el plazo.
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