Con ocho votos a favor y tres en contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que es correcto que la Procuraduría General de la Republica pueda realizar el monitoreo de teléfonos celulares sin necesidad de la orden de un juez.
Muy a pesar de que el pasado lunes te comentábamos que había una iniciativa para detener esta Ley y se buscaría una solución para evitar infringir la privacidad de los usuarios, la SCJN ha determinado que es necesaria para ubicar teléfonos celulares relacionados con algún crimen.
Así la PGR podrá hacer uso de la geolocalización siempre y cuando el número celular comprometido realmente este asociado a un delito considerado como grave y en casos de extrema urgencia.
Esto se entiende cuando se pone en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas o cuando exista el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito
Además, se impide a la PGR intervenir llamadas o los mensajes que se envían a un número celular si es que no existe una autorización previa de un juez.
El siguiente proceso que seguirá la Ley de Geolocalización será el de pasar por la Cámara de Diputados, para que ellos determinen en qué momento podrá emplearse esta herramienta. Aunque la conclusión del ministro Sergio Armando Valls Hernández, uno de los que voto en contra, es bastante importante:
La única forma de garantizar que no haya un exceso o un uso indebido por parte de la autoridad investigadora y de ahí proteger los derechos humanos ante medidas como las que ahora se impugna, es mediante la previa autorización judicial, como contrapeso institucional de la función investigadora que realizan las procuradurías de justicia.
Vía | El economista
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