Valeria Romero
EditoraValeria Romero Guevara es periodista y creadora de contenido especializada en tecnología, negocios y cultura digital. Egresada de la UNAM, con más de seis años de experiencia analizando cómo los avances tecnológicos impactan la vida cotidiana, desde la inteligencia artificial hasta los smartphones que marcan tendencia. Disfruta del cine de terror y ama a los animales. Siempre trae un gadget en la bolsa, lista para descubrir y contar la próxima innovación.
Mover ganado entre estados en México dejará de estar sujeto a requisitos distintos según la entidad. Durante años, además de cumplir con las normas federales en materia sanitaria, productores y transportistas debían tramitar permisos locales que variaban de un estado a otro antes de trasladar o exportar sus animales.
Ese esquema acaba de modificarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los estados no pueden exigir permisos obligatorios para la movilización o exportación de ganado, al considerar que esas facultades corresponden exclusivamente al Gobierno federal. Aunque el caso se originó por una controversia sobre la Ley Ganadera de Nayarit, la decisión establece un criterio que delimita con mayor claridad las competencias de los gobiernos estatales en todo el país.
La Suprema Corte eliminó los permisos estatales para mover ganado
La resolución deriva de la Controversia Constitucional 216/2025, analizada por el Pleno de la SCJN el pasado 10 de marzo. De acuerdo con El Cronista, el máximo tribunal revisó diversos artículos de la Ley Ganadera y de Desarrollo Pecuario de Nayarit y determinó que varias de sus disposiciones iban más allá de las atribuciones estatales.
En particular, la legislación obligaba a obtener autorizaciones locales antes de movilizar o exportar ganado, productos y subproductos pecuarios. Para la Corte, esos requisitos equivalían a crear un sistema estatal de autorización previa que invadía competencias reservadas al Gobierno federal en materia de salubridad general y control zoosanitario.
De acuerdo con información dada a conocer por la propia SCJN y retomada por Milenio, como consecuencia quedaron sin efectos los artículos que exigían permisos expedidos por autoridades estatales, guías de tránsito foliadas o autorizaciones emitidas por inspectores locales para permitir el traslado de animales.
Los estados aún podrán acreditar la propiedad del ganado, pero no autorizar su traslado
La sentencia no elimina por completo las herramientas administrativas utilizadas por los estados. Lo que hace es establecer un límite entre los documentos que acreditan la propiedad del ganado y aquellos que funcionan como una autorización obligatoria para moverlo.
Por esa razón, la SCJN validó los mecanismos que permiten demostrar la posesión o transmisión legal de los animales, al considerar que forman parte de las facultades estatales en materia civil y administrativa.
Lo que ya no podrán hacer las entidades es utilizar esos documentos como un requisito indispensable para autorizar el traslado del ganado. En otras palabras, la guía de tránsito podrá seguir utilizándose para acreditar quién es el propietario de los animales, pero no como un permiso previo para transportarlos dentro del país o destinarlos a la exportación.
El fallo de la SCJN cambia las reglas del sector ganadero en todo México
La resolución llega en un contexto en el que distintos estados incorporaron controles adicionales para la movilización de ganado, con el argumento de fortalecer las medidas sanitarias y cumplir recomendaciones internacionales para mantener las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos.
De acuerdo con declaraciones de Jorge Zertuche Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Brangus, recogidas por Milenio, la existencia de requisitos distintos en cada entidad terminó complicando la operación del sector ganadero, ya que los productores debían adaptarse a regulaciones locales además de las federales.
Con este precedente, la Suprema Corte deja claro que las políticas relacionadas con la sanidad animal y el control zoosanitario seguirán siendo responsabilidad de la Federación. Los estados conservarán atribuciones para regular aspectos relacionados con la propiedad del ganado, pero ya no podrán establecer permisos obligatorios que condicionen su movilización entre entidades o hacia el extranjero.
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