Samantha Guerrero
Editora JrEntusiasta de la tecnología. Otaku en las sombras, con RGB para ver de noche y debilidad por las historias donde alguien grita “¡Seeenpaiiiii!”. Como diría Vash the Stampede: “¡Este mundo está hecho de amor y paz!”.
Muchas personas asumen que si les roban el automóvil o una autoparte dentro de un estacionamiento, no hay mucho que hacer. Después de todo, durante años fue común encontrar avisos con frases como: “La empresa no se hace responsable por daños o robos” o “el vehículo permanece bajo responsabilidad del propietario”. Sin embargo, en CDMX los estacionamientos públicos tienen obligaciones legales que muchos usuarios desconocen.
Ahora una nueva reforma busca que esa información deje de permanecer oculta. Según La Jornada, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y del Código Penal local para obligar a los estacionamientos públicos a informar de manera visible si cuentan con un seguro de responsabilidad civil o una fianza vigente que permita responder por daños, robos o afectaciones a los vehículos de sus clientes.
Los estacionamientos deberán informar si cuentan con seguro
La reforma establece que los establecimientos deberán colocar avisos visibles donde indiquen claramente si cuentan con una póliza de seguro o fianza vigente. La intención es que los usuarios sepan desde el momento en que ingresan qué tipo de protección existe y cuáles son las responsabilidades que asume el negocio al recibir un vehículo bajo su resguardo.
Entre las situaciones que podrían estar cubiertas se encuentran:
- Robo total del vehículo.
- Robo de autopartes.
- Daños ocasionados mientras el automóvil permanece dentro del establecimiento.
- Afectaciones derivadas del servicio de resguardo.
Además, los establecimientos tendrán un plazo de 180 días naturales para adecuarse a las nuevas disposiciones.
La cobertura puede superar el millón de pesos
La reforma también contempla montos mínimos de protección para los usuarios. De acuerdo con lo aprobado por los legisladores, los estacionamientos deberán contar con seguros o fianzas cuya cobertura alcance hasta nueve mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para automóviles, una cifra que actualmente supera el millón de pesos.
Para motocicletas, la cobertura deberá alcanzar 2,000 UMAs, mientras que para bicicletas será de 500 UMAs. La intención es garantizar que exista un respaldo económico suficiente cuando un vehículo resulta afectado mientras permanece bajo custodia del establecimiento.
El problema no es nuevo
Esta discusión en el pleno surgió en medio de preocupaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones que ya existen para este tipo de negocios. Durante el debate legislativo se señaló que muchos estacionamientos presentan incumplimientos relacionados con la normatividad vigente, lo que complica que los usuarios puedan reclamar cuando sufren daños o robos dentro de las instalaciones.
En otras palabras, el problema no es únicamente la existencia de seguros o fianzas, sino que gran parte de los usuarios desconoce si realmente existen o cómo hacerlos valer.
Los letreros de “no nos hacemos responsables” ya no serán suficientes
Durante años fue común encontrar mensajes que intentaban deslindar completamente a los negocios de cualquier incidente. La reforma busca reforzar la obligación de informar qué protección existe realmente y transparentar las condiciones bajo las cuales operan estos establecimientos.
Para los legisladores, los usuarios tienen derecho a conocer si existe una cobertura que permita responder cuando ocurre algún incidente dentro de las instalaciones.
Lo que cambiará para los conductores
Uno de los principales cambios será el acceso a información que muchas veces pasaba desapercibida. Antes de dejar su vehículo, los usuarios podrán verificar si el estacionamiento cuenta con seguro o fianza y conocer si existe algún respaldo económico en caso de robo o daño.
La reforma no significa que todos los estacionamientos responderán automáticamente por cualquier situación ni elimina la necesidad de revisar las condiciones particulares de cada establecimiento. Sin embargo, sí obliga a que los negocios sean más transparentes sobre las protecciones con las que cuentan y sobre las responsabilidades que asumen al recibir vehículos bajo su resguardo.
Para miles de conductores capitalinos, la sorpresa no será descubrir la nueva obligación de colocar avisos visibles. Será enterarse de que ese seguro o fianza ya debía existir y que, hasta ahora, muy pocos sabían que podían exigir información sobre él.
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