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Hasta inconstitucional podría ser la iniciativa de impuestos a tecnológicas en México, según Google, Mercado Libre y Airbnb
Empresas y economía

Hasta inconstitucional podría ser la iniciativa de impuestos a tecnológicas en México, según Google, Mercado Libre y Airbnb

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Google, Mercado Libre, Arbnb, Facebook y Twitter están de acuerdo en que las empresas tecnológicas deben gravarse, pero no del todo con la propuesta que ahora mismo se discute enviada por Gobierno Federal sobre cómo hacerlo. No es solo que la medida punitiva por no registrarse a tiempo para el cobro de impuestos resultaría en el baneo de un servicio de todo el país (medida que ya antes ha sido señalada como inviable), sino que además las empresas piden ampliar el periodo de adaptación a la nuevas reglas.

Las plataformas podrían no estar listas para abril de 2020, lo que provocaría el baneo de sus servicios.

El baneo, asegura la Red en Defensa de los Derechos Digitales, no es proporcional y es lesiva a la libertad de expresión. La afectación que provoca es más grave que la solución que ofrece al ser punitiva a empresas que no adecuen sus sistemas para convivir con la nueva ley en materia fiscal.

La Asociación Latinoamericana de Internet, compuesta por Google, Mercado Libre, Arbnb, Facebook y Twitter coincide: la iniciativa podría incluso ser "anticonstitucional", pues se antepondría a la libertad de expresión establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Img 20191014 100542 De izquierda a derecha: Lina Ornelas, directora de relaciones públicas de gobierno de Google México, Alheira Orozco, directora de políticas públicas de Mercado Libre, Jorge Valderrama, gerente de políticas públicas de Arbnb y Sissi de la Peña de la ALAI.

La desconexión de servicios tendría que hacerse en caso de que una empresa tecnológica, del tamaño que sea, tuviera ingresos por parte de usuarios en México y no establezca un domicilio fiscal para su registro ante el SAT. En caso de evitar el registro o no hacer su tributo de IVA, el SAT pediría al proveedor de servicios correspondiente (Telmex, AT&T o Axtel, entre otros) que la dirección IP sea bloqueada del país, produciendo así un apagón del servicio.

Pero no es así de simple. Según Google el proveedor de servicios tendría que recurrir a dar de baja la serie de direcciones IP que utilizan el mismo hosting, en donde se hospedan varios sitios y aplicaciones informáticas. Así, sería inevitable terminar dando de baja servicios que originalmente no eran objeto del apagón emprendido por el SAT.

Para ejemplificar, Google establece que comparte hosting con Spotify, de manera que si algún día el servicio de música en streaming fuera baneado, también caerían los servicios de Google, desde Gmail hasta YouTube. "Ni el canal del presidente [en YouTube] podría verse" dice la directora de asuntos regulatorios de Google, Lila Ornelas.

La retención del ISR a vendedores

Las obligaciones de las empresas no solo conciernen al pago de impuestos de IVA e ISR, sino que además establece que empresas de intermediación, como Amazon y Mercado Libre, se encargarán de retener el ISR a los usuarios que utilizan las plataformas para comercializar sus productos. El problema, dice la Asociación Latinoamericana de Internet, es que el ISR se cobrará por el total de la transacción, no por la ganancia obtenida, que es cómo funciona el ISR.

Como resultado, con un ISR que no es calculado sobre ganancia, sino sobre monto total de transacción, las devoluciones a favor del SAT al terminar año fiscal aumentarían.

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En un caso ejemplificado en conferencia de prensa, un vendedor vería afectados sus márgenes de utilidad y de ganancia solo por la retención de ISR. Las alternativas sería o aumentar costes, o bien que el usuario que utilice plataforma termine por convertirse al comercio informal.

Dddddddddd Caso de ejemplo de ISR a comerciantes de productos en Mercado Libre.
Google y compañía son claros: aseguran haber tributado hasta ahora lo que les corresponde, como cualquier empresa moral. Aunque aplauden el esfuerzo de gobierno federal de adecuar leyes a la economía digital, piensan que hay mejores prácticas por implementar

Además está el asunto de los datos personales. Las empresas piden un registro simplificado, de manera que no tengan que modificar sus plataformas para solicitar a sus usuarios los datos que ahora por ley tendrían que dar al SAT. Ahora mismo la reforma contempla que las empresas tecnológicas de intermediación, como Mercado Libre y Amazon deben recopilar datos como RFC, número de cuenta y hasta pago de predial para hacer la retención correspondiente que luego es transferida a SAT.

Implementar los mecanismos y plataformas contemplados en la reforma les tomaría a las empresas, según su experiencia en Colombia con una regulación similar, hasta 12 meses, plazo de adaptación que también piden en México.

Más allá del ISR a usuarios de las plataformas, las empresas piden ser más cautelosos con todo el tema de ISR en el esquema fiscal a tecnológicas, considerando que la OCDE aún no tiene lineamientos a recomendar sobre el tema a los países que le integran, donde México es uno de ellos. El tema ahora mismo está siendo discutido y se espera que para 2020 se tengan ya los lineamientos.

De ahí que la propuesta del Senador Ricardo Monreal especificara que era necesario esperar hasta 2020 para gravar a las plataformas; su propuesta mientras tanto consiste en establecer vías para cobrar el IVA para plataformas de streaming, así como regular su contenido para que al menos 30% del total fuera de origen mexicano.

Lo que es cierto es que el consenso es tajante. Según lo dicho, todas las empresas acatarán las recomendaciones de la OCDE sobre cómo gravar la economía digital no solo en México, sino en el mundo.

Mientras el tema se clarifica los miembros de la ALAI pidieron seguir siendo parte de la deliberación en Congreso, puesto que la Cámara de Diputados tiene hasta este 20 de octubre para la aprobación de la reforma con la propuesta para gravar la economía digital en México. Cuando se apruebe, el paquete pasará a Senado que tiene hasta el 31 de octubre para hacer lo propio.

Todo el paquete debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre, y a más tardar en marzo debe haber reglas específicas sobre los procesos de la propuesta que como está redactada ahora mismo, entrarían en vigor un mes después, en abril de 2020.

Imagen | Nikkei Asian Review

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