Valeria Romero
EditoraValeria Romero Guevara es periodista y creadora de contenido especializada en tecnología, negocios y cultura digital. Egresada de la UNAM, con más de seis años de experiencia analizando cómo los avances tecnológicos impactan la vida cotidiana, desde la inteligencia artificial hasta los smartphones que marcan tendencia. Disfruta del cine de terror y ama a los animales. Siempre trae un gadget en la bolsa, lista para descubrir y contar la próxima innovación.
El mercado laboral en México cambió de forma silenciosa, pero profunda. Una práctica que durante años dominó la contratación en sectores como manufactura, logística, limpieza o servicios corporativos comenzó a perder terreno después de una reforma que modificó por completo las reglas del juego: el outsourcing, un esquema donde una empresa contrata personal a través de un tercero en lugar de incorporarlo directamente a su nómina. Bajo este modelo, millones de trabajadores operaban para una compañía, pero legalmente estaban registrados por otra.
El outsourcing, al menos como se conocía, prácticamente desapareció del mapa de empleo formal en país. Las cifras oficiales muestran una caída drástica. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el número de personas trabajadoras bajo esquemas de subcontratación pasó de 4.1 millones en 2018 a apenas 438,000 en 2023, una reducción de 89% tras la reforma laboral aprobada en el año 2021.
El ajuste ocurrió después de años en los que el outsourcing crecía de forma constante. Según la propia STPS, entre 2003 y 2018 el número de trabajadores subcontratados aumentaba a un ritmo promedio de 200,000 personas por año, impulsado por un esquema que muchas empresas utilizaron para reducir costos operativos y laborales. Sin embargo, también fue criticado por facilitar simulaciones salariales, menor acceso a prestaciones y relaciones laborales injustas.
La reforma laboral que prácticamente borró el outsourcing en México
El punto de quiebre llegó cuando México reformó la Ley Federal del Trabajo para prohibir el modelo de outsourcing donde empresas tercerizaban personal para actividades esenciales del negocio. A partir de entonces, las compañías dejaron de poder externalizar funciones centrales de su operación y únicamente se permitieron servicios especializados, es decir, tareas que no formen parte del objeto principal de la empresa.
Según la STPS, las compañías que anteriormente operaban con toda su plantilla subcontratada redujeron hasta 73% la probabilidad de mantener ese modelo, lo que derivó en una migración masiva hacia esquemas de contratación directa. En sectores intensivos en mano de obra, como manufactura, el impacto fue especialmente visible. Según un informe de La Jornada, Investigadores de la Universidad de Notre Dame encontraron que el empleo por contratación directa de empresas aumentó 62% respecto al promedio previo a la reforma, mientras que el empleo subcontratado cayó 53%.
La lógica detrás del cambio era clara: cerrar espacios a esquemas donde trabajadores aparecían registrados ante el IMSS con salarios menores a los realmente percibidos o sin acceso pleno a derechos laborales. En teoría, el trabajador debía pasar a estar contratado por la empresa donde realmente prestaba sus servicios.
El outsourcing no desapareció del todo: cambió de forma y todavía hay atajos
Pero la historia no termina ahí. Aunque las cifras oficiales muestran un desplome del outsourcing tradicional, especialistas y firmas laborales advierten que parte del fenómeno simplemente se transformó.
De acuerdo con análisis retomados por El Economista, todavía existen empresas que operan bajo esquemas de simulación laboral o utilizan figuras alternativas como pagos por honorarios, fideicomisos, sindicatos o conceptos no integrables al salario para reducir costos. Incluso persisten compañías de “servicios especializados” registradas bajo el esquema permitido por ley, pero que en algunos casos siguen reproduciendo dinámicas similares al outsourcing.
La clave legal está en el REPSE, el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas administrado por la STPS. Actualmente, las empresas que ofrecen subcontratación permitida deben estar inscritas ahí y demostrar que cumplen con las obligaciones laborales y fiscales correspondientes. El problema, según expertos citados por Gaceta UNAM, es que todavía existen “atajos” para evadir parte de la regulación, especialmente en sectores de alta rotación laboral o fuerte presión de costos.
El outsourcing cayó, pero México todavía enfrenta otro reto laboral: la informalidad
La caída del outsourcing también modificó la forma en que se leen algunos indicadores del empleo formal. De acuerdo con La Crónica, el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que como consecuencia se redujeron los registros patronales pero eso no necesariamente significa el cierre de empresas, ya que parte de esa disminución ocurrió porque desaparecieron alrededor de 29,000 registros ligados a esquemas de subcontratación durante la implementación de la reforma.
En muchos casos, explicó el funcionario, lo que ocurrió fue un traslado de trabajadores desde empresas intermediarias hacia las compañías donde realmente prestaban sus servicios. Es decir, cambió la estructura de contratación, pero no necesariamente desaparecieron puestos de trabajo.
Por ahora, el balance parece mixto. Las cifras oficiales apuntan a una mayor contratación directa y mejores salarios en algunos sectores. La STPS asegura que el salario promedio en manufactura aumentó 10%, mientras que el de personas contratadas directamente por las empresas creció 51% tras la reforma. Sin embargo, especialistas coinciden en que la fiscalización todavía será clave para evitar que viejas prácticas reaparezcan con nuevos nombres.
Aún con este avance el panorama laboral mexicano enfrenta otro reto más profundo: la informalidad laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en marzo de 2026 la población ocupada alcanzó 60.2 millones de personas, con un crecimiento anual de 422,000 trabajadores, mientras que la tasa de desempleo bajó a 2.4%. Sin embargo, informalidad laboral permaneció prácticamente sin cambios en 54.8%, lo que significa que más de la mitad de las personas ocupadas en México siguen trabajando sin acceso pleno a seguridad social o derechos laborales.
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