Desaparecieron 90,000 pesos de la cuenta de una derechohabiente. Una huella digital apunta a quién pudo retirarlo

Todo comenzó con un retiro que una derechohabiente no reconocía en su cuenta de ahorro voluntario. La denuncia abrió una investigación dentro del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) para descubrir cómo había salido el dinero y quién estaba detrás del movimiento.

La investigación terminó apuntando hacia una ex empleada del propio ISSEG, quien tenía acceso a las herramientas utilizadas para realizar movimientos en las cuentas de los derechohabientes. Entre ellas estaba un elemento particularmente sensible: el lector biométrico utilizado para registrar huellas digitales.

De acuerdo con información de La Jornada, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato encontró diversos movimientos con características similares. En conjunto, las disposiciones irregulares investigadas superaron los 90,000 pesos.

Así usaron un lector de huellas para retirar más de 90,000 pesos de cuentas de ahorro

El caso comenzó después de que un derechohabiente detectara un retiro que no había autorizado en su cuenta de ahorro voluntario y presentara la denuncia correspondiente. A partir de ese movimiento, las autoridades comenzaron a revisar cómo se había realizado la operación.

Según la investigación, Miroslava "N", quien trabajaba en un mostrador del ISSEG, presuntamente utilizó de manera indebida los sistemas informáticos de la institución y el lector biométrico de huellas digitales para disponer de recursos sin autorización de los titulares.

La investigación no se limitó al primer retiro denunciado. Las autoridades analizaron videograbaciones y revisaron otras operaciones relacionadas con la imputada, lo que permitió detectar varios movimientos realizados de forma similar y ampliar la investigación a otras cuentas de ahorro.

Estos elementos fueron presentados ante un Juez de Control, quien determinó vincular a proceso a la ex trabajadora por su probable participación en el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La vinculación, sin embargo, no representa una sentencia y la responsabilidad deberá determinarse conforme avance el procedimiento.

El ISSEG devolvió el dinero retirado de las cuentas de los derechohabientes

Además de determinar cómo se realizaron los movimientos, la investigación tuvo que establecer qué ocurrió con los recursos retirados. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero era administrado por el ISSEG y la propia institución reintegró las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.

Durante la audiencia, la defensa solicitó una suspensión condicional del proceso, que fue autorizada durante seis meses. Como parte de las condiciones, la imputada deberá acudir periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).

El caso también fue enviado al área de mediación ministerial, donde se alcanzó un acuerdo reparatorio para atender el perjuicio económico relacionado con las operaciones investigadas. Mientras tanto, el proceso continúa y se mantiene el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva.

El caso también muestra el riesgo detrás del uso de datos biométricos

Aunque la investigación se concentra en las operaciones realizadas dentro del ISSEG, el caso vuelve a poner sobre la mesa un problema más amplio: el nivel de protección que requieren los sistemas que utilizan huellas digitales y otros datos biométricos para comprobar la identidad de una persona.

A diferencia de una contraseña, una huella digital no puede simplemente cambiarse cuando existe un uso indebido. María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad de Kaspersky, explicó a Excélsior que información como las huellas, el rostro, el iris o la voz está siendo utilizada cada vez más para acceder a dispositivos, oficinas, documentos, pagos y servicios digitales.

Los riesgos tampoco se limitan al acceso físico a estos sistemas. Datos de Kaspersky citados señalan que 37% de las computadoras utilizadas para recopilar, procesar y almacenar información biométrica ha registrado al menos un intento de infección mediante malware.

En este caso, no hay evidencia de que las huellas digitales de los derechohabientes hayan sido robadas o vulneradas. La investigación apunta a un uso indebido de los sistemas de la institución y del lector biométrico por parte de una persona que tenía acceso a estas herramientas por su trabajo.

Esto muestra que una huella digital puede ayudar a verificar la identidad, pero no basta por sí sola para proteger una cuenta. Las instituciones también deben controlar quién puede acceder a estos sistemas y qué operaciones puede realizar con ellos.

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