Obed Nares
Editor JrMe apasionan las palabras, la creatividad, el entretenimiento, la tecnología y la innovación. Soy mexicano, periodista, escritor, artista y disque filósofo.
El registro obligatorio de líneas celulares en México ya tiene uno de sus primeros obstáculos judiciales. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito concedió una suspensión provisional a un ciudadano para que pueda registrar su línea telefónica sin entregar datos biométricos ni tramitar la CURP biométrica. La razón es que el tribunal considera que no existe una justificación jurídica suficiente para exigir esa información como requisito.
La decisión fue dada a conocer por el magistrado federal Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo, adscrito a dicho tribunal con sede en Naucalpan, Estado de México, a través de un video y un hilo publicado en X. El caso surgió después de que una compañía telefónica condicionara el registro y recuperación de líneas móviles a la entrega de huellas dactilares, prueba de vida y otros elementos biométricos.
El tribunal encontró un problema: los biométricos no aparecen como requisito
Según explicó el magistrado, el propio acuerdo emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece que para registrar una línea móvil basta con presentar una credencial vigente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, tanto los lineamientos regulatorios como la sección de preguntas frecuentes de la CRT señalan expresamente que no deben solicitarse huellas digitales, iris u otros datos biométricos. En su lugar, únicamente puede requerirse una prueba de vida para verificar que la persona es real.
La resolución judicial va incluso más allá. En la sentencia correspondiente a la queja 260/2026, el tribunal cita los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles y destaca que los proveedores del servicio no pueden conservar datos biométricos, fotografías, copias de identificaciones oficiales ni documentos similares de los usuarios.
Por ello, los magistrados concluyeron preliminarmente que exigir datos biométricos para completar el registro telefónico sería contrario a la propia normativa vigente. La suspensión ordena que al promovente no se le exija ningún dato biométrico para registrar sus líneas telefónicas móviles.
La preocupación central: privacidad y protección de datos
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el tribunal colocó la protección de datos personales en el centro del análisis. En el documento judicial se argumenta que la creación de bases de datos biométricas a gran escala representa una preocupación especial para la dignidad humana, la autonomía personal y la vida privada. Entre los riesgos identificados se encuentran la pérdida de control sobre información sensible, la posibilidad de abusos y la eventual divulgación de datos a terceros, incluidas organizaciones criminales.
El magistrado Muñoz Acevedo retomó estos argumentos en su mensaje público y sostuvo que cualquier medida que implique recopilar datos biométricos debe superar criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad y mínima intrusión. La sentencia también señala que la sociedad tiene interés no solo en combatir delitos como extorsión, fraude o secuestro virtual, sino también en garantizar el respeto a los derechos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.
Un beneficio individual, pero con implicaciones más amplias
Es importante subrayar que la suspensión únicamente beneficia a la persona que promovió el amparo. No elimina ni suspende el registro obligatorio de líneas celulares para el resto de los usuarios.
Sin embargo, la decisión llega en un momento especialmente importante. El plazo para registrar las líneas telefónicas vence el próximo 30 de junio y el proceso ya enfrentaba cuestionamientos por problemas técnicos, dudas sobre el resguardo de la información y preocupaciones derivadas de incidentes de seguridad reportados durante las primeras semanas de operación.
En Xataka México ya documentamos anteriormente el primer amparo promovido por un ciudadano contra el esquema de registro obligatorio, así como las inquietudes de especialistas respecto a la protección de datos personales y la constitucionalidad de algunos lineamientos.
Ahora, con esta nueva resolución favorable, el debate deja de estar únicamente en el terreno político y regulatorio para instalarse de lleno en los tribunales.
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