Valeria Romero
EditoraValeria Romero Guevara es periodista y creadora de contenido especializada en tecnología, negocios y cultura digital. Egresada de la UNAM, con más de seis años de experiencia analizando cómo los avances tecnológicos impactan la vida cotidiana, desde la inteligencia artificial hasta los smartphones que marcan tendencia. Disfruta del cine de terror y ama a los animales. Siempre trae un gadget en la bolsa, lista para descubrir y contar la próxima innovación.
Llevar internet a donde ningún operador privado quiere entrar parece, en teoría, una meta difícil de cumplir. Sin embargo, cuando esa misión vuelve a recaer sobre empresas estatales, también reaparecen viejas preguntas: cuánto costará, quién asumirá el riesgo financiero y qué tanto puede afectar a la competencia.
Ese es justamente el nuevo escenario de la conectividad en México. El gobierno de Claudia Sheinbaum decidió colocar nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Altán Redes como piezas centrales del nuevo Plan Nacional de Cobertura, una estrategia que busca aumentar el acceso a internet del 94% al 98% de la población hacia 2030.
La apuesta parece lógica en un país donde millones de personas, especialmente en el sur y sureste, siguen enfrentando problemas de conectividad. Pero detrás del discurso de inclusión digital también comienzan a surgir preocupaciones sobre sostenibilidad financiera, competencia y el verdadero alcance del modelo estatal.
El nuevo plan de CFE y Altán para conectar a 9,000 localidades en México
La estrategia federal, coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), busca conectar alrededor de 9,000 localidades del país, muchas de ellas en regiones históricamente ignoradas por operadores privados debido a su baja rentabilidad comercial.
De acuerdo con Expansión, el objetivo para este año es conectar a 1.4 millones de personas mediante una mezcla de infraestructura móvil, espectro en la banda de 600 MHz, tecnología satelital y subsidios focalizados. La meta forma parte del nuevo Plan Nacional de Cobertura, heredero directo de la política de “Internet para Todos” impulsada en el sexenio pasado.
La relación entre CFE Telecomunicaciones y Altán Redes será clave para lograrlo. Ambas compañías operan con infraestructura compartida y mantienen coberturas similares, lo que especialistas describen como una “red espejo”. Esto significa que cualquier retraso operativo o financiero en una también puede impactar directamente en la otra.
Esta dependencia no es un detalle menor. Desde que Altán salió de concurso mercantil en 2022, la relación comercial con CFE se volvió más estrecha. Según fuentes citadas por Expansión, cerca de 70% de los ingresos de Altán terminan ligados a esta colaboración.
El problema no es solo conectar: también está el riesgo del financiamiento
Aunque el objetivo de ampliar cobertura parece ambicioso, el principal cuestionamiento apunta al financiamiento. Hasta ahora, el gobierno no ha transparentado cuánto costará realmente ejecutar el programa ni cuánto capital se requerirá para cumplir las metas planteadas.
Para Ramiro Tovar, especialista en competencia económica y telecomunicaciones del ITAM, la ausencia de parámetros presupuestales introduce incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo. Según explicó a Expansión, las empresas estatales operan bajo una lógica distinta a las privadas: si enfrentan pérdidas, pueden depender de transferencias públicas para mantenerse.
La preocupación crece porque el proyecto de conectividad de CFE enfrenta un contexto presupuestal menos favorable. El análisis funcional del presupuesto indica que la iniciativa registró una reducción de 87.6% frente a 2025, mientras persisten reportes de adeudos a proveedores y desaceleración en el despliegue de infraestructura.
La situación no es completamente nueva. Como reportamos previamente en Xataka México, Altán ya enfrentó problemas financieros importantes antes de quedar bajo control estatal, acumulando deudas superiores a 30,000 millones de pesos y atravesando un proceso de reestructura para evitar el colapso operativo.
La competencia también observa con preocupación el avance de CFE
Más allá de la cobertura, otro de los puntos sensibles está en el impacto que el plan podría tener sobre pequeños operadores regionales y proveedores comunitarios.
El temor del sector es que CFE termine compitiendo con ventajas difíciles de igualar, como subsidios públicos o tarifas por debajo del mercado, incluso en territorios donde ya existen empresas privadas operando. Para varios especialistas, el desafío será evitar que el Estado deje de actuar como regulador para convertirse en competidor dominante.
La preocupación no es menor si se considera el peso de Altán dentro del ecosistema móvil mexicano. Su red da servicio a más de 120 operadores móviles virtuales, incluido BAIT de Walmart, y actualmente alcanza alrededor del 84% de cobertura con infraestructura propia.
Por ahora, el verdadero éxito del plan no dependerá únicamente de cuántas comunidades logren conectarse. También estará en la capacidad del gobierno para transparentar costos, demostrar resultados y encontrar un equilibrio entre inclusión digital y competencia en un mercado que se volvió estratégico para el desarrollo económico del país.
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