La extorsión en México ya no solo es un delito en expansión, es cada vez más, un problema estructural que golpea directamente a empresas, comercios y emprendedores. Y lo más preocupante, según líderes empresariales, es que una parte importante de estos casos proviene de quienes deberían combatirla.
En México, la extorsión se ha disparado en la última década. De acuerdo con declaraciones del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, este delito ha crecido más de 70% en ese periodo y ya es el segundo que más afecta a los empresarios, solo por debajo del robo de mercancías, según un reporte de El Universal.
Desde la propia Coparmex se advierte que la extorsión “tiene de rodillas a miles de empresarios”, al punto de impactar directamente la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, como detalló El Economista. En muchos casos, este delito incluye prácticas como el cobro de piso, que obliga a negocios a pagar cuotas para poder operar.
Los datos del organismo empresarial refuerzan la dimensión del problema; en 2025, la extorsión creció en 20 de las 32 entidades del país, consolidándose como un delito que no solo persiste, sino que se expande territorialmente.
Cuando la autoridad también extorsiona
Pero el señalamiento más delicado apunta hacia dentro del propio aparato gubernamental. Según el líder de Coparmex, en diversas ciudades y estados “la autoridad se está convirtiendo en el mayor de los extorsionadores”, bajo el argumento de hacer cumplir la ley.
No se trata de casos aislados. Organizaciones como el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) estiman que alrededor del 40% de las extorsiones provienen de funcionarios públicos, mientras que el 60% restante corresponde a grupos delictivos.
Esto genera un escenario particularmente complejo: los empresarios no solo enfrentan a organizaciones criminales, sino también a prácticas irregulares dentro de las instituciones.
Un costo que frena el crecimiento
El impacto de la extorsión va más allá de las pérdidas inmediatas. Según datos de Coparmex, los empresarios en México destinan alrededor del 20% de sus costos a medidas de seguridad, desde vigilancia hasta sistemas de monitoreo, como señala El Economista.
Ese gasto tiene consecuencias directas, pues menos inversión, menor crecimiento y peores condiciones laborales. En palabras del propio organismo, si ese dinero se destinara a expandir operaciones o mejorar salarios, el efecto económico sería considerablemente distinto.
Además, el problema tiene una dimensión estructural. Un estudio publicado en la revista Physics and Society señala que el crimen organizado en México ha logrado infiltrarse en distintos sectores económicos y sociales, afectando la estabilidad institucional y fomentando prácticas como la extorsión .
A pesar de la magnitud del problema, denunciar sigue siendo un reto. Empresarios advierten que muchos casos quedan atrapados en procesos burocráticos complejos dentro del Ministerio Público, una institución que, según señalan, está rebasada por la carga de trabajo. Incluso en casos concretos, como saqueos a comercios en el Centro Histórico en 2025, los avances han sido limitados: los responsables continúan sin ser sancionados, lo que alimenta la percepción de impunidad.
Frente a este panorama, el sector empresarial insiste en la necesidad de acciones estructurales. Entre las propuestas están la armonización de la Ley General de Castigo a la Extorsión en todo el país y la creación de unidades especializadas en fiscalías para atender este delito. También se subraya la importancia de fortalecer la denuncia, aunque el contexto actual, marcado por desconfianza institucional, complica ese camino.
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