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Empresas como Netflix y Spotify deben pagar una renta a los operadores móviles

Empresas como Netflix  y Spotify deben pagar una renta a los operadores móviles
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Esta semana en Sao Paulo, Brasil, durante el Futurecom 2015 (El encuentro más importante de telecomunicaciones en América Latina) los diversos representantes del sector plantearon que empresas como Netflix, Spotify y WhatsApp deben pagar una renta a los operadores móviles para garantizarles el acceso al servicio.

Esta no es la primera vez que los operadores móviles piden a estas empresas que colaboren con el desarrollo y fortalecimiento de su infraestructura; y para lograrlo piden una regulación más estricta que imponga compromisos económicos a empresas que requieren de servicio de streaming para operar.

Los motivos que se han dado fueron que servicios como Netflix, WhatsApp o Facebook necesitan redes cada vez más potentes y efectivas que garanticen a los consumidores una recepción adecuada de los contenidos que solicitan.

Estos servicios exigen que los operadores construyan y den mantenimiento a infraestructuras de transporte de datos, lo que exige grandes inversiones.

Incluso, Carlos Zenteno, presidente de mercado móvil de Claro (Propiedad de América Móvil) planteó que el problema radica en que los OTT son al mismo tiempo socios y competidores de las operadoras de telecomunicaciones.

Una de las propuestas que se plantearon durante la discusión la realizó Raúl Katz, profesor adjunto de la Columbia Business School quien dice que si comparamos las tasas de rentabilidad de los operadores frente a las empresas como Netflix, Google y Facebook se descubre que estas son mucho más elevadas.

Cuando uno mira las tasas de rentabilidad de los OTT, por ejemplo, las tasas de Netflix, de Google, de Facebook, lo que veo es que fundamentalmente son mucho más elevadas que las tasas de los operadores

Por lo tanto, la alternativa de solución se encuentra en que las empresas OTT deben pagar una renta a los operadores por el uso de su infraestructura, o que los gobiernos establezcan una política de estado que considere los servicios de banda ancha como un derecho y un beneficio ciudadano y reduzca los gravámenes que pagan los carriers.

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