Samantha Guerrero
Editora JrEntusiasta de la tecnología. Otaku en las sombras, con RGB para ver de noche y debilidad por las historias donde alguien grita “¡Seeenpaiiiii!”. Como diría Vash the Stampede: “¡Este mundo está hecho de amor y paz!”.
En México, uno de los municipios con mayor actividad comercial en el área metropolitana de Monterrey, San Pedro Garza García, pondrá en marcha un programa enfocado en reforzar la seguridad dentro de comercios, especialmente en los centros comerciales de la región.
El programa se llama Cascoff y, más que una nueva regulación, plantea un ajuste en la forma en que los negocios pueden gestionar a personas dentro de sus instalaciones: desde solicitar el retiro de quienes no consuman hasta actuar ante conductas consideradas problemáticas.
No es una nueva ley, sino un ajuste en la operación de los espacios
Según lo anunciado por el municipio, no se trata de prohibir el acceso ni de cambiar la naturaleza de las plazas comerciales, sino de ampliar el margen de acción de los establecimientos dentro de los marcos legales ya existentes. Aunque el anuncio puede interpretarse como una nueva medida de control, el programa no crea una ley ni modifica el carácter de los centros comerciales.
Lo que hace es reforzar el uso de reglamentos internos y protocolos de seguridad para que los comercios tengan mayor capacidad de respuesta ante conflictos dentro de espacios privados de alta afluencia.
Esto mantiene intacta una distinción clave: las plazas comerciales no son espacios públicos, aunque funcionen como tales en la práctica cotidiana. Son propiedades privadas con reglas de acceso.
El punto de fondo: quién define las reglas dentro de espacios “semi públicos”
El planteamiento del municipio, encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, reabre un debate que no es nuevo en México: el límite entre la vida pública y el control privado en espacios de uso cotidiano.
Las plazas comerciales funcionan como puntos de encuentro, tránsito y permanencia, no solo como espacios de consumo. Pero legalmente, su operación depende de reglas privadas que pueden definir condiciones de permanencia.
Ahí es donde Cascoff entra en una zona sensible: aunque busca reforzar la seguridad, también pone sobre la mesa hasta qué punto los negocios pueden regular quién permanece dentro y bajo qué criterios.
El plan del municipio no se limita a su implementación local. La intención es integrarlo primero al reglamento municipal y posteriormente impulsar su adopción a nivel estatal. Esto coloca a Cascoff en una categoría distinta: no como una medida aislada, sino como un modelo que podría escalar a política pública más amplia en materia de seguridad comercial.
Seguridad compartida y percepción de riesgo en espacios comerciales
El enfoque del programa se enmarca en una idea de “corresponsabilidad”: la seguridad no recae únicamente en las autoridades, sino también en comercios y usuarios.
Bajo esta lógica, la medida busca fortalecer la vigilancia en espacios comerciales, reducir situaciones de riesgo asociadas al anonimato y aumentar la percepción de control en zonas de alta afluencia.
El contexto ayuda a entender por qué este tipo de medidas gana terreno. De acuerdo con la ENSU del INEGI, los espacios como cajeros automáticos, transporte público y calles concentran los mayores niveles de percepción de inseguridad en México, con cifras que rondan entre el 60% y el 70% de la población.
En paralelo, el SESNSP mantiene al robo a negocio como uno de los delitos patrimoniales más frecuentes en zonas urbanas, un factor que explica por qué los municipios están reforzando medidas de control dentro de comercios.
Más allá del control: cómo cambia la experiencia de entrar a un negocio
El punto de fondo no es solo operativo, sino social. Este tipo de medidas reabre una discusión más amplia sobre cómo se regula la permanencia en espacios comerciales que, aunque privados, forman parte de la vida cotidiana urbana.
Plazas, centros comerciales y tiendas no son solo puntos de consumo, sino también espacios de espera, tránsito y encuentro. Y es precisamente ahí donde iniciativas como Cascoff empiezan a modificar algo más sutil: no el acceso, sino las condiciones de permanencia dentro de estos lugares.
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