Luis Ángel Márquez Flores
Editor JrLa Fiscalía General del Estado de Michoacán informó recientemente que una persona fue arrestada, acusada de "ataques al honor" en redes sociales. Se trata de una mujer identificada como Cristina "N", quien presuntamente usó diversos perfiles para realizar publicaciones en contra de un funcionario público del municipio de Nuevo Parangaricutiro.
Se trata del primer arresto en el estado por esta causa, donde continúa vigente como figura penal. En otros estados, los ataques en redes sociales se consideran parte del ámbito civil. Para especialistas, esto sienta un precedente delicado, pues se puede argumentar "ataques al honor" para encarcelar a opositores, periodistas o personas que critiquen a servidores públicos.
¿Qué hizo Cristina "N"?
De acuerdo con un comunicado de prensa, la FGE detectó que Cristina "N" realizaba diversas publicaciones en grupos de redes sociales mediante perfiles diversos. La Fiscalía menciona que en dichas publicaciones "se emitieron expresiones presuntamente constitutivas del delito, en agravio de un funcionario municipal".
En el comunicado no se detalla el contenido de las publicaciones, tampoco se reveló la identidad del servidor público presuntamente afectado. La Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, en coordinación con la Dirección de Policía Cibernética, realizó una examinación técnica y jurídica exhaustiva.
Según el comunicado de la Fiscalía, esto permitió recabar las pruebas que presentadas antes un juez de control y permitieron emitir una orden de aprehensión en contra la acusada. Finalmente, Cristina "N" fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional para definir su situación.
Un debate sobre la libertad de expresión
De acuerdo con el Código Penal del estado de Michoacán en su artículo 192, se considera un ataque al honor cualquier acción que perjudique la reputación de una persona hecha ante otros, así como la publicación por cualquier medio de difusión. El castigo puede ir de tres a cinco años de cárcel y una multa de entre 100 y 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además de la reparación del daño.
Según el periodista Juan Ortiz, se trata de expresiones en redes sociales, no de amenazas extorsión o violencia física. Debido a esto, se ha surge la duda sobre dónde se traza la línea entre crítica y delito. El arresto de Cristina "N" también implica un delicado precedente, pues existe el riesgo de que otros funcionarios argumenten "ataques al honor" para censurar o perseguir a periodistas o críticos y opositores.
En fechas recientes se han dado casos de periodistas arrestados bajo acusaciones de "terrorismo" y "operaciones con recursos de procedencia ilícita". Al respecto, ARTICLE 19 advierte sobre el creciente acoso judicial y el uso indebido del derecho penal en contra de los periodistas.
También hay que recordar el caso de "Dato Protegido". En julio pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a una usuaria de X disculparse públicamente, durante 30 días, con la diputada federal Diana Karina Barreras por críticas que el tribunal consideró "violentas y discriminatorias". No obstante, en su disculpa no debía mencionarse el nombre de la legisladora.
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