México vuelve a discutir si los adolescentes que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos

Los casos de adolescentes involucrados en delitos de alto impacto han vuelto a colocar sobre la mesa una discusión que México ha enfrentado en distintas ocasiones: si quienes cometen crímenes como homicidio, feminicidio, secuestro o violación deberían seguir siendo juzgados bajo un sistema especializado o enfrentar penas similares a las de un adulto.

La discusión resurgió después de varios casos recientes que involucraron a adolescentes en delitos graves. Entre ellos se encuentra el homicidio de un conductor de plataforma en Baja California, el ataque contra una menor en Zacatecas, el asesinato de dos profesoras en Michoacán y el feminicidio de Britany N., una adolescente de 15 años en Monterrey. En este último caso, un joven de 14 años fue sentenciado a tres años de internamiento, la pena máxima prevista para su grupo de edad.

En ese contexto, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que analizará una propuesta para modificar el Código Penal Federal y reducir la edad de imputabilidad en determinados delitos, una iniciativa que coincide con un incremento en el número de adolescentes investigados por la presunta comisión de un delito en México y abre nuevamente una discusión que involucra seguridad y derechos humanos.

El PAN reabre la discusión sobre cómo deben juzgarse los adolescentes que cometen delitos graves

De acuerdo con La Jornada, el alcalde de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, presentó una propuesta para modificar el Código Penal Federal con el objetivo de que adolescentes de entre 15 y 17 años que cometan delitos como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro puedan recibir sanciones similares a las de una persona adulta.

El planteamiento ya fue presentado ante el Congreso de Querétaro y ahora busca abrir la discusión a nivel nacional. Durante su presentación en el Senado, el alcalde argumentó que existe una creciente participación de menores de edad en delitos de alto impacto y sostuvo que la legislación actual genera una percepción de impunidad ante las víctimas en algunos casos.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, confirmó que su bancada apenas iniciará el análisis de la propuesta. Aunque señaló que comparte el diagnóstico sobre la gravedad del problema, aclaró que el partido realizará una revisión exhaustiva antes de definir una postura oficial.

La propuesta reabre un debate legal que México ya había enfrentado en el pasado

La iniciativa implicaría revisar uno de los principios centrales del sistema de justicia para adolescentes en México. Actualmente, la Constitución y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establecen un régimen especializado para personas de entre 12 y menos de 18 años, con medidas diferenciadas respecto al sistema penal para adultos.

Las sanciones dependen de la edad y del delito cometido. Quienes tienen entre 14 y menos de 16 años pueden recibir medidas de internamiento de hasta tres años en determinados delitos graves, mientras que para adolescentes de entre 16 y menos de 18 años el internamiento puede alcanzar cinco años. Además, la legislación contempla medidas orientadas a la reinserción social.

Ricardo Anaya también propuso que, antes de cualquier cambio legal, se realice una consulta abierta con especialistas en derecho penal, psicología, sociología, criminología y derechos de la infancia para evaluar las implicaciones jurídicas y sociales de modificar la edad de imputabilidad

Aumentan delitos cometidos por adolescentes en México, según Inegi

El anuncio coincide con la publicación de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo reportó que durante 2024 fueron registradas 35,193 personas adolescentes imputadas por la presunta comisión de un delito, un incremento de 7.1% respecto a 2023 y de 55.4% frente a 2021, cuando se registró el nivel más bajo.

El Inegi también informó que ocho de cada diez adolescentes imputados fueron hombres y que entidades como Aguascalientes, Nuevo León, Sonora y Ciudad de México registraron las tasas más elevadas de personas adolescentes imputadas por cada 100,000 habitantes de ese grupo de edad.

Sin embargo, especialistas han advertido durante años que reducir la edad penal no necesariamente disminuye la incidencia delictiva. En un análisis sobre la reforma de la edad penal en México, el Dr. Rogelio Pantoja Rojas, docente de la Universidad De La Salle Bajío, sostiene que este tipo de medidas puede afectar principalmente a adolescentes en condiciones de pobreza y exclusión social, sin que exista evidencia de que endurecer las penas reduzca la delincuencia. A su juicio, una discusión de este tipo también debe considerar factores como la prevención, la reinserción social, el acceso a la educación y el contexto de vulnerabilidad en el que muchos jóvenes ingresan al sistema de justicia.

Mientras la iniciativa comienza su análisis legislativo, organismos internacionales han insistido en que el debate no debe centrarse únicamente en endurecer las sanciones. UNICEF, por ejemplo, ha señalado que la evidencia internacional muestra que aumentar las penas no tiene un efecto disuasivo para prevenir que adolescentes cometan delitos. En cambio, recomienda fortalecer las políticas públicas de prevención, los programas de reinserción social, la atención psicológica, el acompañamiento familiar y las estrategias que reduzcan los factores de riesgo antes de que los jóvenes ingresen al sistema de justicia.

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