La justicia en la Ciudad de México acaba de dar un paso que hasta hace poco parecía reservado para reuniones de trabajo o trámites administrativos: resolver un delito por videollamada. No se trata de una prueba piloto, sino de un acuerdo con efectos legales que evitó llegar a juicio y que marca un precedente en el sistema penal mexicano.
El caso no sólo llama la atención por la forma en que se resolvió, sino por lo que representa. En un contexto donde los procesos judiciales suelen ser largos, costosos y saturados, la posibilidad de cerrar conflictos a distancia abre una nueva vía que combina tecnología con justicia.
CDMX ya resolvió su primer delito por videollamada y así ocurrió
De acuerdo con información de El Universal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concretó su primer acuerdo reparatorio en modalidad virtual el 24 de abril de 2026. El caso derivó de un presunto delito de administración fraudulenta entre una persona moral y un particular.
La sesión se realizó por videollamada debido a que la persona imputada se encontraba en Cancún, lo que complicaba un encuentro presencial. Ambas partes aceptaron participar bajo este esquema y, tras el proceso, el imputado reconoció su responsabilidad.
El acuerdo establece el pago de 10,000 pesos por concepto de reparación del daño, con fecha límite al 31 de agosto de 2026. Con ello, el conflicto se resolvió sin necesidad de judicializar el caso, evitando un proceso que podría haberse extendido durante meses o incluso años.
La mediación digital ya forma parte del sistema de justicia en CDMX
Este tipo de resoluciones no surgen de forma aislada. La Fiscalía capitalina ha impulsado el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que buscan priorizar acuerdos entre las partes por encima del litigio.
El marco legal ya contemplaba desde 2020 la posibilidad de realizar mediaciones a distancia mediante plataformas digitales, con validez jurídica equivalente a los procesos presenciales, incluyendo el uso de videoconferencias, documentos electrónicos y firmas digitales.
Como parte de esta estrategia, también se puso en marcha un programa de capacitación dirigido a 160 servidores públicos, enfocado en mediación, conciliación y justicia restaurativa.
En este marco, las autoridades han destacado el cambio de enfoque que implica este modelo. “Los mecanismos alternativos permiten transformar la forma en que entendemos la justicia: pasar de un modelo centrado en la sanción a uno que prioriza la reparación del daño, la responsabilidad y la reconstrucción de las relaciones”, señalaron durante la presentación del programa.
En la misma línea, Claudia Marcela Priego Custodio, titular de la Dirección General de MASC, afirmó que estos mecanismos “no son únicamente herramientas operativas; constituyen una política pública orientada a gestionar el conflicto penal de manera más eficiente, humana y sostenible”, manifestó.
El sistema de justicia penal se mueve hacia acuerdos, no solo sanciones
Más allá del caso puntual, el movimiento apunta a una transformación más amplia. Según datos de la propia Fiscalía, entre 2024 y 2025 los acuerdos reparatorios crecieron 185%, lo que refleja un cambio en el sistema: menos castigo inmediato y más énfasis en la reparación del daño.
En este contexto, la Ciudad de México sigue una tendencia global. Sistemas como el de Estados Unidos, Reino Unido o Canadá han apostado por la mediación y las audiencias virtuales para reducir la carga judicial y acelerar la resolución de conflictos. La pandemia terminó de consolidar este modelo, obligando a los tribunales a operar a distancia y demostrando que la justicia puede funcionar sin una sala física.
Los beneficios son claros. La virtualidad elimina tiempos muertos asociados a traslados y esperas, reduce costos tanto para el Estado como para las partes y permite mantener la operación incluso en escenarios de crisis. En términos prácticos, un conflicto que antes podía tardar años en resolverse puede cerrarse en semanas mediante un acuerdo.
Sin embargo, el modelo también plantea desafíos, como una justicia desigual para quienes no tienen acceso a internet o herramientas digitales. A esto se suma una preocupación técnica: en audiencias virtuales, algunos abogados señalan que es más difícil evaluar el lenguaje no verbal o detectar presiones externas sobre los testigos.
Por ahora, el primer acuerdo reparatorio por videollamada en CDMX funciona como una señal de que la justicia está dejando de impartirse desde un lugar físico, para convertirse en un servicio que puede operar desde cualquier pantalla.
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