Obed Nares
Editor JrMe apasionan las palabras, la creatividad, el entretenimiento, la tecnología y la innovación. Soy mexicano, periodista, escritor, artista y disque filósofo.
A pocos días de que originalmente venciera el plazo para registrar las líneas celulares en México, Chihuahua se convirtió en el principal centro de resistencia jurídica contra el padrón telefónico obligatorio. Miles de ciudadanos promovieron amparos para intentar evitar la entrega de sus datos personales y mantener activo su servicio sin cumplir con el registro.
De acuerdo con un reporte de Expansión Política, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, encabezó la presentación de los primeros amparos masivos ante un juez federal. La estrategia busca obtener suspensiones provisionales para impedir que las compañías telefónicas condicionen el servicio a la vinculación de la línea y para evitar que los usuarios pierdan llamadas, datos móviles o acceso a aplicaciones si deciden no registrarse.
Chihuahua ya concentra miles de amparos
Lo que comenzó como una convocatoria estatal rápidamente escaló. Según información publicada por El Sol de México, el legislador aseguró que ya son más de 9,000 chihuahuenses quienes han promovido amparos contra el registro obligatorio de líneas telefónicas. Además, afirmó que existe un amparo colectivo con la participación de más de 700 personas, uno de los más grandes impulsados recientemente.
La campaña, explicó, ya no se limita únicamente a Chihuahua. También se ha extendido a municipios como Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Camargo, además de entidades como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Para Sánchez, el registro telefónico forma parte de una estrategia que calificó como una "ley espía", al considerar que la información de los usuarios podría quedar disponible para distintas autoridades. Entre sus principales críticas señaló que la legislación contempla la conservación de información relacionada con la geolocalización de las líneas y cuestionó la capacidad del gobierno para proteger bases de datos sensibles tras diversos incidentes de ciberseguridad registrados en dependencias federales.
La preocupación por la privacidad ya había llegado a tribunales
Como reportamos previamente en Xataka México, el primer desafío legal contra el registro apareció semanas atrás, cuando un ciudadano promovió un amparo indirecto para evitar vincular sus líneas telefónicas con su identidad. En ese recurso se argumentó que el nuevo esquema condiciona el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante la entrega de datos personales y que existen dudas sobre la protección de la información recopilada durante el proceso.
Posteriormente también informamos sobre otro caso relevante: un tribunal federal concedió una suspensión provisional para que un ciudadano pudiera registrar su línea sin entregar datos biométricos, al considerar que los propios lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no establecen ese requisito y que la protección de datos personales debe mantenerse como un derecho prioritario.
Cabe mencionar que estas resoluciones únicamente benefician a quienes promovieron los amparos, pero muestran que el debate dejó de ser exclusivamente político para trasladarse también al ámbito judicial.
Mientras avanzan los amparos, también cambió el calendario
La ofensiva jurídica ocurre justo cuando la propia autoridad modificó el esquema original del registro obligatorio. Como informamos recientemente, la CRT anunció una prórroga escalonada para las líneas de prepago. En lugar de concluir el 30 de junio, el proceso ahora se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con fechas distintas dependiendo del último dígito del número telefónico.
Según la Comisión, hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas, de las cuales 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago. El organismo sostiene que el objetivo del registro es eliminar el anonimato que facilita delitos como fraude y extorsión, además de alinear a México con otros países donde las líneas telefónicas requieren identificación.
Sin embargo, mientras las autoridades buscan completar el padrón, los tribunales comienzan a recibir cada vez más recursos promovidos por ciudadanos que consideran que la medida vulnera derechos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.
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