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Despidos, recortes y una nueva ley: qué está pasando con el Conacyt en México y por qué sería el nuevo encargado de bioseguridad
Legislación y Derechos

Despidos, recortes y una nueva ley: qué está pasando con el Conacyt en México y por qué sería el nuevo encargado de bioseguridad

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Vaya semana que ha tenido el aún Conacyt. En siete días se han disparado escándalos por la preparación de su personal, se han hecho destituciones y designaciones, y ha llegado al Senado la propuesta de Morena para reformar todo el sistema de ciencias para México, colocando al que sería el nuevo Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías al mando.

Para principios de la semana fue tema de cobertura nacional David Ledesma, el subdirector del Conacyt sin título de licenciatura vinculado a oficinas de distintos integrantes de Morena y que estaba en un puesto importante de divulgación científica dentro de la institución con sueldo de más de 40,000 pesos. El Conacyt emitió un comunicado defendiendo la trayectoria profesional de Ledesma, asegurando que se trataban de ataques de la prensa con elementos "estigmatizantes por razones de juventud y apariencia física".

Aún así, luego del revuelo en medios nacionales, y con una solicitud en change.org exigiendo su destitución de por medio, Ledesma ha presentado su renuncia.

Poco después ocupó encabezados el nombramiento de Edith Arrieta, diseñadora de modas que estaba a cargo de una subdirección vinculada a bioseguridad en el Conacyt. Cuando el tema llegó hasta las conferencias matutinas de López Obrador, el presidente aseguró que de comprobarse sería destituida.

Tuvoeron que pasar apenas unas horas para que el Conacyt emitiera un comunicado en el garantizaba los "profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos" de Arrieta, por provenir de una familia campesina de Milpa Alta. "No somos capaces de reconocer como sociedad el inmenso valor de este tipo de saberes" se lee en el comunicado. En el mismo documento se señala que Arrieta no estará en el puesto señalado por la prensa, sino que lo hará Eva Bermúdez, con licenciatura en Química de Alimentos y maestría en Ciencias Bioquímicas.

Ahora, la secretaria administrativa de fondos sectoriales Conacyt-Sener, María Chávez García, ha sido señalada por haber cursado hasta secundaria, información que constató la revista etcétera en el SIstema de Información Legislativa, puesto Chávez fue diputada federal del 2015 al 2018.

Los tres asuntos se dan paralelos a las acusaciones directas por el presunto recorte a programas educativos, por el cual se ha visto afectado ya el equipo de jóvenes que debía viajar a la olimpiada internacional de matemáticas a celebrarse en Ucrania. Rogelio Valdez, líder del equipo, explicó a El Financiero que además están en riesgo la organización del Mundial Iberoamericano de Matemáticas del cual México es sede y que está programado para septiembre.

López Obrador ha dicho que la campaña en contra del Conacyt proviene de una "mafia de la ciencia" inconforme con los recortes a salarios

La Academia Mexicana de Ciencia incluso ha suspendido programas por falta de financiamiento y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla ya ha manifestado su intención de limitar la salida de estudiantes mexicanos al extranjero, para que se formen en alguno de los institutos de investigación dentro del país. Los programas de becas al extranjero no serán cancelados, pero serán revisados.

dedee María Elena Álvarez-Buylla

Los temas presupuestales, de revisión de programas, y de designación de facultades, todos tienen que ver con lo que Álvares-Buylla ha llamado "una nueva visión de la ciencia", una alejada del "modelo neoliberal" fomentado en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. La reorganización sin embargo se dará desde dentro, con ayuda de una nueva ley recientemente presentada en el Senado, algo más lejos de la trinchera mediática, pero en donde se libran otros asuntos más trascendentales.

El otro frente

Conacyt Filtracion

El pasado 8 de febrero fue presentada la nueva ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, la cual prevé hacer formal el cambio de nombre del que se lleva insistiendo desde antes de que la administración pública actual tomara cargo, y que contempla la desaparición de siete órganos colegiados en el sistema de ciencia y tecnología del país, cuyas atribuciones serán ahora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Conahcyt por sus siglas.

La idea de todo el documento que presentó la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, es dar un revés a la política de estado respecto a las ciencias que ha preservado la actual ley de ciencia y tecnología: hacer investigación no para su vinculación con el sector privado, sino para los intereses sociales de largo plazo.

Al asunto Álvarez-Buylla ya se le ha referido como soberanía científica, y tendría entre sus principales objetivos que la tecnología y la innovación no ocurran en pro de la vinculación con sector privado ni como piedra angular para la competitividad. El hacerlo, se advierte en el dictamen, tiene como consecuencia que los sectores privados estén particularmente interesados en la forma en que se impulsa la investigación, pues el interés de los privados es esencialmente fondeado con recursos públicos.

Ahora, se atenderán como objetivos prioritarios en la investigación, aquellos cuyos resultados sean vitales para el desarrollo nacional a largo plazo, cuyos alcances impacten de alguna forma en los problemas sociales. Pero el hacerlo, deja fuera a muchos jugadores hasta ahora con voz en las decisiones en torno a políticas públicas en materia de ciencia en el país, tales como el IPN y la UNAM.

La Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología supone la desaparición de la comisión intersectorial de bioseguridad, de la red nacional de grupos y centros de investigación, de la coordinación de ciencia, tecnología e innovación de la oficina de la Presidenta, y del Foro Consultivo Científico Tecnológico, este último integrado por el Cinvestav, la UNAM, el IPN, la Concamin, la Academía Mexicana de la Lengua, y muchos más.

El dictamen justifica la decisión asegurando que hay "proliferación de instancias de consulta", entre ellos, los órganos en donde se toman las opiniones de las universidades, centros de investigación y academias.

"Persiste la duplicidad de funciones y el consiguiente gasto irracional de recursos públicos, pero, por otro, se hace evidente la ausencia de espacios de participación plurales, transparentes y abiertos en el sector".

Así, todas las funciones ahora serían asumidas por el Conahcyt encabezado por Álvarez Buylla, por lo que el órgano sería a la vez rector de los temas que se investigan en México, asesor especializado de presidencia y de los órganos legislativos, e incluso referente para políticas públicas en torno a los transgénicos.

Solo así se evitaría que intereses corporativos lleguen a la toma de decisiones en políticas públicas de ciencia, o que grupos de presión de hagan pasar por opiniones de instituciones, según se argumenta en el documento.

En torno a los transgénicos, la aún existente Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados es la que se encarga de establecer las políticas relativas a la seguridad sobre el uso seguro de Organismos Genéticamente Modificados. El organismo está integrado por la SEMARNAT, y las secretarias de Salud, Educación, Agricultura, Hacienda y Crédito Público, Economía, y el Consejo de Ciencia y Tecnología.

Con la reestructuración las funciones pasarían a ser enteramente del Conahcyt, en un movimiento que ya hace arquear las cejas de más de uno puesto que Álvarez-Buylla es bien conocida por su oposición férrea respecto al uso de transgénicos.

Entre otros cambios notables introducidos por el dictamen, está la integración de los centros de investigación al sistema, en donde tendrán mecanismos de rendición de cuentas para con el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Aún así, se destaca en la exposición de motivos que la "libertad de investigación" será uno de los derechos fundamentales.

Entre los derechos a garantizar también están "la protección de la riqueza biocultural" (constante en los pronunciamientos de Álvarez-Buylla sobre los transgénicos), "los saberes tradicionales" y "las prácticas y bienes comunes del pueblo de México".

Numerosas instituciones ya se han manifestado contra a la ley que plantea reformular el sistema de ciencia y tecnología en México. En un documento llevado a la mesa del Foro Consultivo Científico y Tecnológico se afirma que las reformas son un "retroceso" y se denuncia la centralización de las funciones. Entre los firmantes están la UNAM, el IPN, la Academia de Ciencias, y la Asociación Nacional de Universidades.

Las reformas están siendo analizadas por las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Primera.

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