Obed Nares
Editor JrMe apasionan las palabras, la creatividad, el entretenimiento, la tecnología y la innovación. Soy mexicano, periodista, escritor, artista y disque filósofo.
Aunque el impuesto a los videojuegos violentos ya fue cancelado oficialmente, el tema sigue vivo en el Congreso. En Morena no todos dan el asunto por cerrado y pese a la marcha atrás anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, hay quienes insisten en que la medida era legítima, necesaria y con un objetivo muy distinto al recaudatorio.
La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, defendió el polémico gravamen del 8% incluido originalmente en la Ley de Ingresos de 2026. Según explicó, el impuesto nunca buscó llenar las arcas públicas, sino funcionar como una herramienta preventiva frente a la violencia normalizada en plataformas digitales.
Un impuesto “insignificante” en dinero, pero simbólico en el discurso
Padierna reconoció que el impacto fiscal del impuesto era prácticamente irrelevante. El ingreso estimado rondaba los 180 millones de pesos, una cifra que calificó como “insignificante” para las finanzas públicas. Aun así, insistió en que el objetivo era promover una cultura de paz y abrir una discusión más amplia sobre los contenidos violentos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes, según un reporte de La Jornada.
Durante el debate legislativo, explicó, se identificaron múltiples problemas técnicos: desde la dificultad para clasificar qué videojuegos son violentos hasta el hecho de que buena parte de sus consumidores son menores de edad. “Cargarles un gravamen abría un debate complejo y sensible”, admitió la diputada.
Aun con esas reservas, Morena mantuvo la defensa del impuesto hasta que la presión social (especialmente de la comunidad gamer) y los obstáculos técnicos terminaron por hacerlo inviable.
Sheinbaum frena el impuesto y apuesta por la concientización
Como anteriormente reportamos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que el impuesto no se aplicará a partir de 2026. La razón principal fue la dificultad práctica de distinguir entre videojuegos violentos y no violentos, y definir quién tendría la autoridad para hacer esa clasificación.
“Es muy difícil distinguir un videojuego que tiene violencia y uno que no”, explicó la mandataria en su conferencia matutina. En lugar de un gravamen, el gobierno federal optará por campañas de concientización dirigidas a jóvenes y adolescentes, enfocadas en el uso responsable de los videojuegos y los posibles riesgos asociados al consumo excesivo.
La decisión fue recibida como un respiro tanto para la industria como para los consumidores, ya que evitó un aumento directo en el precio de juegos físicos y digitales.
Entre el discurso político y la evidencia científica
El argumento de que los videojuegos fomentan la violencia no es nuevo, pero tampoco es unánime. De hecho, como anteriormente reportamos en Xataka México, la Comisión Nacional Contra las Adicciones declaró en 2022 que no existe evidencia científica que pruebe que los videojuegos violentos produzcan personas violentas. En su manual oficial, la Conadic reconoció riesgos asociados al uso problemático, pero también destacó beneficios cognitivos, sociales y creativos del gaming.
En la misma línea, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó en octubre de 2024 que los videojuegos no provocan violencia por sí mismos, incluso cuando contienen material sensible. La recomendación central no fue prohibir ni gravar, sino atender la clasificación por edades, fomentar el acompañamiento adulto y promover un uso informado y seguro.
A nivel internacional, el consenso tampoco es absoluto. De acuerdo con Youth Violence Prevention Center, existen estudios que no encuentran una relación directa entre videojuegos violentos y conductas criminales, aunque otros sí señalan una asociación moderada con comportamientos agresivos, especialmente en contextos vulnerables. En cualquier caso, la mayoría de los especialistas coinciden en que la violencia juvenil es un fenómeno multifactorial.
Mientras tanto, en México el tema quedó en pausa. El Congreso deberá esperar una iniciativa presidencial para modificar formalmente la Ley de Ingresos, algo que podría ocurrir hasta el próximo periodo ordinario en febrero.
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